Tal como ocurrió con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el Gobierno intervino este jueves la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) por hasta 180 días.
Según el Decreto Supremo 5699, la decisión se asume debido a las deficiencias, riesgos y vulnerabilidades identificados en los mecanismos de regulación, supervisión, control y fiscalización de las actividades hidrocarburíferas, particularmente aquellas vinculadas al abastecimiento interno de hidrocarburos y sus derivados.
La norma indica que la actual situación responde, en parte, a decisiones normativas, regulatorias, administrativas y contractuales adoptadas durante anteriores gestiones de gobierno y cuyos efectos se mantienen en la actualidad.
El objetivo de la intervención apunta a realizar el relevamiento de información que permita implementar medidas correctivas y/o identificar la existencia de posibles responsabilidades en los niveles administrativos, técnicos y operativos a nivel nacional y regional.
Además, identificar los posibles daños ocasionados al sector de hidrocarburos de gestiones pasadas; instruir las auditorias técnicas, legales y otras en función de la información obtenida y recuperar y fortalecer la capacidad efectiva de regulación, control, supervisión y fiscalización del Estado en la cadena de hidrocarburos.
Asimismo, busca evaluar integralmente la gestión regulatoria, administrativa y operativa de la ANH; identificar y determinar las causas de las deficiencias, riesgos, omisiones y vulnerabilidades existentes; verificar las condiciones y efectos de las autorizaciones y licencias otorgadas a los operadores de la cadena hidrocarburifera.
Medidas
También busca disponer de manera inmediata las medidas correctivas, preventivas y de fortalecimiento institucional necesarias para garantizar la regulación, control, supervisión y fiscalización de la cadena de hidrocarburos; precautelar los intereses económicos y patrimoniales del Estado y evitar la continuidad o reproducción de prácticas que comprometan el interés público.
“La intervención no implica la supresión de la ANH, la modificación de su naturaleza jurídica ni de su estructura establecida en normativa vigente”, aclara la norma.
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Al igual que con YPFB, la intervención estará a cargo de los ministros o sus representantes de Hidrocarburos, Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, Obras Públicas, y el Viceministerio de Transparencia.
“La Comisión priorizará sus tareas en regulación, supervisión, control y fiscalización de las actividades de toda la cadena productiva hasta la industrialización de hidrocarburos, recomendando auditorías”.
Además, la comisión podrá acceder y analizar la información administrativa, técnica, regulatoria, jurídica y financiera de la ANH.
En ese contexto, evaluará los procedimientos de regulación, supervisión y control que realiza en la cadena hidrocarburífera.
Cumplimiento
Verificará el cumplimiento de los procedimientos de control de calidad de los combustibles producidos, importados, transportados, almacenados y comercializados como producto terminado dentro del territorio boliviano.
Y remarca que la comisión accederá a los sistemas de base de datos y registros para el cumplimiento de las atribuciones de la intervención, con énfasis en el B-SISA.
La norma indica que apunta a identificar deficiencias, omisiones o riesgos en los procesos de regulación, control, supervisión y fiscalización de la ANH y establecer medidas correctivas, que incluye, en caso de ser necesario, la remoción del personal.
“La Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria de la ANH realizará una evaluación integral y emitirá informe inicial en el plazo máximo de 30 días calendario computables a partir de la publicación de la Resolución Multiministerial”.
