La Asamblea de la Cruceñidad otorgó plazo hasta el 10 de octubre al Gobierno para responder a las demandas planteadas y anunció medidas escalonadas de presión en caso de incumplimiento.
“Se le está dando hasta el 10 de octubre”, afirmó el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis al finalizar la reunión.
En el encuentro participaron autoridades departamentales, municipales, legisladores e instituciones de Santa Cruz, además de otros sectores.
El dirigente aclaró que hasta esa fecha se agotarán las instancias de diálogo con el nivel central, pero que las acciones definidas por la Asamblea continuarán de manera paralela.
“Eso no quiere decir que lo que aquí se ha decidido se vaya a parar. Se va a trabajar en paralelo”, señaló.
Entre las principales demandas figura la liberación de la importación, distribución y comercialización de combustibles, además de una reducción temporal de los impuestos aplicados a estos productos para disminuir su precio al consumidor.
Cochamanidis también exigió que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) deje de concentrar las tareas de importación, comercialización y distribución de combustibles.
“Necesitamos que el Gobierno, de una vez por todas, aparte a Yacimientos y rompa esa rosca delincuencial”, sostuvo.
Asimismo, reclamó que se investigue y sancione a los responsables de presuntos hechos de corrupción vinculados al manejo de los hidrocarburos.
La Asamblea de la Cruceñidad también exigió la restitución de competencias y recursos a las gobernaciones, municipios y universidades públicas en áreas como salud, educación e infraestructura.
Otro de los pedidos es la incorporación del modelo 50/50 en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2027. La propuesta plantea que el 50% de los recursos generados en cada región permanezca en los departamentos para su administración directa.
“Bolivia va a avanzar si las regiones son fuertes, si los municipios, gobernaciones, universidades son fuertes. No es desde el centralismo”, afirmó Cochamanidis.
El dirigente sostuvo que no sería necesario modificar inicialmente la Constitución Política del Estado para recuperar esas competencias. Afirmó que los legisladores deben impulsar la abrogación de leyes y decretos que, según su criterio, limitan las atribuciones regionales.
La Asamblea también planteó promover los biocombustibles, el etanol y la explotación de pozos de crudo como alternativas para reducir el costo de la importación de combustibles.
Cochamanidis señaló que las demandas no se limitarán a Santa Cruz y pidió a las brigadas parlamentarias de los distintos departamentos priorizar los intereses regionales por encima de sus posiciones partidarias.
Respecto al 10 de octubre, explicó que las movilizaciones comenzarán de forma escalonada si el Gobierno no responde a las exigencias. Si las medidas no generan resultados, anticipó la convocatoria a un cabildo para definir nuevas acciones.
“Y si el Gobierno aún de esa manera no entiende, pues vamos a decidir en un cabildo qué vamos a hacer”, afirmó.
El presidente del Comité pro Santa Cruz descartó, sin embargo, que la Asamblea haya planteado la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Aseguró que la organización respeta el orden constitucional y el mandato presidencial.
“En ningún momento hemos pedido la renuncia. Nosotros somos totalmente respetuosos del orden constitucional que hay”, remarcó.
Cochamanidis insistió en que el objetivo es que el Gobierno atienda la crisis económica, energética y social mediante una mayor participación de las regiones en la administración de sus recursos y competencias.
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