La Cámara de Diputados busca avanzar en una norma para regular la protesta social y garantizar la libre transitabilidad antes de la conclusión del estado de excepción, prevista para el 18 de septiembre. La Comisión de Justicia Plural unificó ocho proyectos y dejó atrás la denominación de “ley antibloqueos”.
El texto aprobado en comisión fue denominado “Ley del derecho para garantizar la libre protesta y la libre transitabilidad” y plantea sanciones de hasta cinco años de cárcel para quienes, durante una protesta, vulneren el derecho de otras personas a circular libremente por el territorio nacional.
El presidente de la Comisión de Justicia Plural, Manolo Rojas, explicó que las ocho iniciativas fueron integradas después de varios meses de análisis y que el nuevo texto recoge propuestas de diferentes fuerzas políticas.
“El nomen iuris (nombre jurídico) de ‘ley antibloqueo’ ha sido totalmente modificado. Ahora ese proyecto de ley se denomina ‘Ley del derecho para garantizar la libre protesta y la libre transitabilidad’. Se han recogido todas las propuestas de todas las fuerzas y bancadas”, informó a El Deber.
La iniciativa llega al Legislativo en un momento marcado por el debate sobre la continuidad del estado de excepción y las advertencias de algunos sectores sobre nuevas movilizaciones y medidas de presión contra el Gobierno de Rodrigo Paz.
Para sus impulsores, la futura norma permitiría establecer reglas para el ejercicio de la protesta y, al mismo tiempo, proteger otros derechos constitucionales. El antecedente inmediato son los bloqueos registrados entre mayo y junio, cuando las medidas de presión se prolongaron durante varias semanas y afectaron el tránsito hacia distintas regiones del país.
“Se han dado los informes de viabilidad. Esperamos sesionar de manera inmediata y que esto pueda ser tratado en la Cámara de Diputados”, afirmó Rojas.
El legislador también informó que busca reunirse con los jefes de bancada y otros diputados para socializar el proyecto y conseguir respaldo político antes de su tratamiento en el pleno.
La propuesta reúne, entre otras iniciativas, la denominada “ley antibloqueos”, presentada por el diputado Carlos Alarcón; un proyecto para regular la protesta social legítima y garantizar la libre transitabilidad, de Luis Rodrigo Fuenzalida; y una propuesta sobre libre circulación, infraestructura y orden público impulsada por Carmen Ruelas, Salma Tobías, María Soruco y Romel Mercado.
También fueron incorporados proyectos sobre garantías para la protesta pacífica, protección del patrimonio y resarcimiento por actos de vandalismo, además de una iniciativa para proteger los derechos fundamentales de la población.
El debate nacional tiene además antecedentes departamentales. Beni aprobó en junio una norma para garantizar la libre transitabilidad, mientras que Santa Cruz aprobó recientemente una ley de prevención y atención de contingencias ante bloqueos de vías.
Con la aprobación en comisión, el proyecto nacional ingresa ahora a una etapa política decisiva: su tratamiento en el pleno de Diputados, donde las distintas bancadas deberán definir si respaldan el texto unificado y permiten que continúe su trámite legislativo.
