La crisis abierta en el Ministerio Público tras la aprehensión de Roger Mariaca abrió una disputa sobre quién debe asumir temporalmente la conducción de la Fiscalía, a pocas horas de que la Asamblea Legislativa trate el caso.
En ese escenario, la bancada de Creemos en la Cámara de Diputados planteó que el presidente Rodrigo Paz designe mediante Decreto Supremo a un Fiscal General interino, quien permanecería en el cargo hasta que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) elija a la nueva autoridad titular.
La propuesta fue presentada por la diputada de Creemos Khaline Moreno, quien cuestionó la decisión de Luis Montaño Morales de asumir este jueves el despacho de la Fiscalía General bajo el argumento de que correspondía garantizar la continuidad institucional y evitar un vacío de poder.
Moreno rechazó esa sucesión y puso en duda la imparcialidad de Montaño frente a las investigaciones abiertas tras la aprehensión de Mariaca. La legisladora afirmó que el actual interino tendría vínculos con la gestión del Fiscal General aprehendido, aunque esa acusación deberá ser sustentada por los elementos correspondientes.
Frente a ese escenario, la diputada planteó que el Ejecutivo asuma temporalmente la designación de la máxima autoridad del Ministerio Público.
“Que el presidente Paz, mediante un Decreto Supremo y en uso de sus atribuciones constitucionales, sea quien designe a un Fiscal General interino hasta que la Asamblea Legislativa Plurinacional defina la situación institucional correspondiente”, propuso.
La iniciativa será discutida mientras las fuerzas políticas de la Asamblea mantienen posiciones diferentes sobre el mecanismo que debe aplicarse para garantizar la continuidad del Ministerio Público.
Un sector de los legisladores considera que Montaño debe continuar de manera interina, mientras otros sostienen que corresponde a la propia Asamblea definir quién asumirá temporalmente el cargo.
El debate se originó después de la aprehensión de Mariaca, ocurrida la noche del miércoles dentro de una investigación por presuntos vínculos con una estructura relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado.
La situación se agravó tras la difusión de un video del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, en el que menciona a Mariaca y al exministro de Gobierno Eduardo del Castillo. Marset afirmó que habría entregado dinero para garantizar su permanencia en Bolivia. Estas declaraciones forman parte del contexto de una investigación que deberá establecer la veracidad y alcance de esas acusaciones.
Además de Mariaca, la Policía aprehendió al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y al fiscal superior Martín Daniel Irusta. Los tres fueron trasladados a La Paz y permanecen bajo custodia policial.
A ellos se sumaron otros funcionarios y particulares aprehendidos durante los operativos ejecutados en La Paz, Santa Cruz y Chuquisaca.
Mientras avanzan las investigaciones, la Asamblea deberá definir el mecanismo para garantizar la continuidad institucional del Ministerio Público. El Gobierno, por su parte, dejó en manos del Legislativo la decisión sobre la próxima autoridad interina de la Fiscalía General del Estado.
La sesión de la ALP se convierte así en el escenario donde se disputará no solo la situación institucional de Mariaca, sino también el control temporal de la Fiscalía mientras se define la elección de su próximo titular.
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