Las cámaras de exportadores y el sector forestal de Bolivia calificaron como exitosa la audiencia judicial ante tribunales de Chile y que al final de la sesión, las autoridades determinaron frenar la quema de madera bolivian incautada.
Según estas entidades, se logró un avance «determinante en los tribunales» dentro del proceso judicial que involucra a 23 empresas bolivianas y la retención de más de 60 contenedores de madera en los puertos de Arica, Valparaíso y San Antonio.
A través de un comunicado conjunto, las instituciones gremiales informaron que la justicia chilena acogió las principales solicitudes planteadas por la defensa de las firmas nacionales.
«Consideramos que la audiencia resultó sumamente exitosa, ya que el tribunal acogió las principales solicitudes presentadas por los equipos jurídicos que representan a los exportadores afectados», se lee en el pronunciamiento conjunto.
La Cámara Forestal de Bolivia, la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), las cámaras departamentales de La Paz (Camex), Cochabamba (Cadexo) y Santa Cruz (Cadex) firmaron la misiva.
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Exportadores
Entre las resoluciones más relevantes, el tribunal ordenó la suspensión por un periodo mínimo de 60 días de la incineración de la carga confiscada. De acuerdo con el documento, las autoridades chilenas destruyeron previamente cerca del 80% de un total de 1.080 toneladas métricas de madera.
La decisión de frenar la quema del 20% restante preserva elementos fundamentales para los peritajes de la defensa: «La preservación de la madera restante es de especial importancia para permitir la realización de pruebas independientes y análisis científicos adecuados, lo que facultará a los exportadores para esclarecer los hechos y demostrar que la madera confiscada no contiene, en absoluto, ningún tipo de droga».
Asimismo, la justicia chilena autorizó el análisis de contramuestras —asunto que abordará nuevamente el tribunal en una audiencia fijada para el 29 de octubre— e incorporó como observador independiente de las pruebas químicas a Scott Oulton, exdirector de los laboratorios de la DEA.
A esto se suma el levantamiento de las restricciones de confidencialidad de las investigaciones. Lo cual permite a las defensas legales acceder plenamente a los expedientes.
Las instituciones del sector forestal subrayaron la importancia de estas determinaciones para transparentar el caso y proteger los intereses de las firmas nacionales.
«Esta situación ha generado una grave incertidumbre para las empresas involucradas y ha suscitado importantes preocupaciones en torno al trato dado a la madera exportada legalmente y a la protección del debido proceso», indica el comunicado.
Las cámaras de exportadores ratificaron –en el documento– su compromiso de seguir coordinando acciones legales a nivel nacional e internacional hasta lograr la resolución justa del conflicto.
