El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que México solicitó un salvoconducto para Nadia Shirley Beller Delgadillo, quien recibió asilo diplomático de ese país. Sin embargo, afirmó que el pedido se encuentra en evaluación y que todavía no existe una decisión oficial sobre su otorgamiento.
“La solicitud se encuentra en evaluación por las instancias competentes del Estado boliviano, considerando las disposiciones del ordenamiento jurídico nacional y las obligaciones internacionales aplicables, sin que hasta la fecha se haya adoptado una decisión ni emitido una respuesta formal al respecto”, señaló la cartera de Estado a través de un comunicado.
La Cancillería precisó además que el 4 de noviembre recibió una comunicación oficial de la Embajada de México, en la que se notificó la concesión de asilo diplomático a Beller Delgadillo y se solicitó el correspondiente salvoconducto para permitir su salida del territorio boliviano.
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La Cancillería también desmintió las versiones sobre un supuesto acuerdo entre Bolivia y México para conceder el salvoconducto durante la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid, España.
Según el documento, los cancilleres de ambos países sostuvieron una reunión bilateral en el marco de ese encuentro internacional. Sin embargo, no asumieron ningún compromiso para otorgar el documento solicitado.
“En dicho encuentro no se asumió compromiso alguno para otorgar el salvoconducto solicitado, ni se acordó su entrega al retorno del Canciller boliviano al país”, puntualizó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Gobierno ratificó que la solicitud de México continúa bajo análisis de las autoridades competentes, sin que exista hasta el momento una determinación definitiva sobre la entrega del salvoconducto.
La abogada sufrió un ataque armado en agosto, perpetrado por dos sicarios vestidos como repartidores. Tras quedar fuera de peligro, acusó a su expareja y asesor del presidente Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo, de estar detrás del atentado.
Además, aseguró tener conocimiento de presuntos hechos de corrupción que involucrarían al presidente y a miembros de su familia.
