El Gobierno central, a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades habilitó un registro digital oficial para censar a niñas, niños y adolescentes que quedaron en situación de orfandad a causa de feminicidios.
La herramienta busca identificar las necesidades específicas de las familias afectadas. Con la información se viabilizará los beneficios de asistencia económica, médica y educativa establecidos en la Ley 168.
De acuerdo con el viceministerio, la información permitirá identificar sus necesidades, fortalecer el seguimiento y coordinar acciones institucionales para garantizar la protección de sus derechos.
“Contar con esta información permitirá fortalecer el seguimiento, la protección de derechos y la articulación institucional de las acciones que correspondan. Estas serán a partir de las necesidades identificadas por las propias familias”, señala el comunicado emitido por esta entidad estatal.
Los familiares de víctimas de feminicidio pueden llenar un formulario a través del enlace: https://forms.gle/tq4onHB5Z9xYngRs9.
El Ministerio de la Presidencia aclaró que los datos recopilados se manejarán bajo estrictos criterios de confidencialidad y respeto para fines institucionales. Asimismo, destacó que este registro servirá para identificar las condiciones de las familias y canalizar respuestas oportunas.
LEY 1680
La iniciativa se enmarca en la Ley 1680 de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos Huérfanos Víctimas de Feminicidio y Otros Delitos contra la Vida. Esta norma establece medidas de atención integral y protección social.
Entre sus disposiciones, el artículo 15 determina la creación de un registro oficial de beneficiarios mediante el Sistema de Información de Niñas, Niños y Adolescentes, además de mecanismos de coordinación con los gobiernos autónomos departamentales para el seguimiento y la actualización de los datos.
La norma también contempla un bono económico mensual no inferior al 20% del salario mínimo nacional, un subsidio alimenticio para las y los beneficiarios menores de cinco años. También, garantías de acceso y permanencia en el sistema educativo, atención médica gratuita, protección de los bienes sucesorios. Y, acompañamiento terapéutico mediante equipos multidisciplinarios.
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Con este registro, el viceministerio, dependiente del Ministerio de la Presidencia, busca fortalecer el seguimiento a la situación de las familias. Asimismo, la articulación de las instituciones responsables, para que las medidas previstas en la Ley 1680 respondan a las necesidades de quienes quedaron en situación de orfandad por estos delitos, señala una nota de ABI.
