La descentralización y la privatización educativa no son fenómenos aislados, sino parte de transformaciones globales en las que el capitalismo encuentra en el conocimiento y la educación nuevos espacios de negocios y rentabilidad. América Latina muestra diversas experiencias de cómo la privatización ha ido penetrando el ámbito público: unas transfieren instituciones a privados; otras introducen prácticas de mercado o formas de gestión empresarial; y algunas mantienen su condición de instituciones públicas, pero incorporan mecanismos privados en su funcionamiento.
El anteproyecto de ley que plantea transferir los institutos técnicos, tecnológicos y de formación artística a las gobernaciones pone estos temas en el debate. El ministro de Educación afirma que no existe privatización porque las instituciones pasarían de una instancia estatal a otra. Es un argumento engañoso, al responder quién será propietario, pero desvía cómo se financiarán y funcionarán los institutos. Mantener los edificios en manos del Estado no garantiza, por sí mismo, que la educación conserve plenamente su carácter público.
Investigaciones realizadas en América Latina, muestran que la privatización puede avanzar sin modificar la propiedad. Ocurre cuando el Estado traslada parte de los costos educativos a las familias mediante matrículas, tasas, aranceles u otros cobros; cuando los centros deben vender productos y servicios para sostenerse o cuando sus prioridades comienzan a responder a las exigencias empresariales. Stephen Ball y Deborah Youdell, en su estudio La privatización encubierta en la educación pública (2008), llaman “privatización endógena” a la introducción de lógicas mercantiles en las instituciones estatales. Lo decisivo no es solamente quién posee la propiedad, sino quién financia, quién decide y a qué intereses responde el servicio educativo.
El artículo 14 del anteproyecto establece que las gobernaciones asumirán progresivamente la cobertura presupuestaria integral del funcionamiento, la infraestructura, el equipamiento y el personal de los institutos. Las transferencias iniciales del Tesoro General de la Nación, cubrirán los gastos actuales, pero no queda garantizado cómo se cubrirán y actualizarán esas obligaciones en el futuro. Bajo el nombre de descentralización, se abre la posibilidad de desplazar la responsabilidad financiera del nivel central hacia gobiernos departamentales con capacidades económicas muy diferentes.
Si faltan recursos, las consecuencias serán: infraestructura insuficiente, talleres deteriorados, equipamiento obsoleto, falta de materiales, servicios básicos impagos, cargos docentes sin cubrir y carreras amenazadas. El artículo 6 habilita tasas por matriculación, certificados y otros trámites; mientras que los artículos 7 y 11 permiten obtener ingresos mediante la venta de productos, servicios y emprendimientos. No son medidas aisladas: ante presupuestos insuficientes, los institutos podrían verse obligados a recaudar de los estudiantes para seguir funcionando. La educación continuaría llamándose fiscal, pero su sostenimiento dependería crecientemente de los pagos estudiantiles y de sus actividades comerciales.
Los primeros perjudicados serían quienes menos tienen, porque a los eventuales pagos por matriculación se sumarían los gastos de transporte, alimentación y materiales, dificultando el acceso y la permanencia. La Constitución garantiza la gratuidad de la educación fiscal hasta el nivel superior y establece que su financiamiento es la primera responsabilidad del Estado. Esa garantía pierde contenido cuando estudiar depende cada vez más de la capacidad de pago de las familias o de la capacidad de recaudación de cada instituto.
Tampoco quedan al margen los docentes y administrativos. El artículo 16 traslada la selección, contratación, administración y evaluación del personal a las gobernaciones, bajo el Estatuto del Funcionario Público y reglamentos departamentales. Sin garantías nacionales claras que protejan la carrera, la estabilidad laboral y los derechos adquiridos, esta reorganización abre el camino a la fragmentación de las condiciones de trabajo y a una mayor incertidumbre laboral.
El debate no se resuelve afirmando que los institutos no serán vendidos. La verdadera cuestión es si el Estado continuará financiándolos suficientemente y garantizando una educación pública, gratuita, equitativa y con derechos laborales protegidos. Si una reforma transfiere obligaciones sin asegurar recursos suficientes y empuja a las instituciones a cobrar y comercializar para sobrevivir, la privatización puede avanzar sin cambiar de propietario. No hace falta vender los institutos para vaciar de contenido su carácter público.
