El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, propuso conformar una comisión internacional para auditar el sistema de justicia boliviano y esclarecer las presuntas irregularidades registradas durante las últimas dos décadas.
El dirigente cívico sostuvo que una instancia externa debería revisar el funcionamiento de las instituciones y establecer responsabilidades por los hechos que, a su juicio, afectaron al sistema judicial durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).
“Lo adecuado en estos casos, como que ha sucedido en otros países, es que se arme una comisión internacional para que vengan y auditen absolutamente todo”, declaró este jueves ante los medios de comunicación.
Cochamanidis consideró que la revisión no debe limitarse al Órgano Judicial, sino abarcar también al Ejecutivo, Legislativo y Electoral. Afirmó que las investigaciones deben comprender las decisiones y actuaciones institucionales de los 20 años de administración del MAS.
En sus declaraciones, calificó a ese periodo como una etapa en la que, según su interpretación, “la mafia organizada del Movimiento Al Socialismo manejó las riendas del país”. Entre las exautoridades que mencionó figura Juan Lanchipa, quien ejerció como fiscal general durante ese ciclo gubernamental.
Piden pronunciamiento de instituciones jurídicas
El presidente cívico también exhortó a las organizaciones que agrupan a profesionales del ámbito judicial a fijar una posición pública sobre los acontecimientos recientes que involucran a jueces, fiscales y otras autoridades.
En particular, pidió un pronunciamiento del Colegio de Abogados y de la Asociación de Jueces y Magistrados frente a las denuncias e investigaciones que sacuden al sistema de justicia.
La propuesta de Cochamanidis surge en medio de los cuestionamientos institucionales y los procesos penales que involucran a exautoridades judiciales y fiscales.
El nuevo presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carlos Ortega, reconoció recientemente que el sistema de administración de justicia atraviesa una crisis profunda y planteó una reforma estructural con participación de los órganos del Estado y la sociedad civil.
En ese contexto, el planteamiento del Comité pro Santa Cruz incorpora la posibilidad de una auditoría internacional como mecanismo para revisar el funcionamiento de las instituciones y esclarecer las denuncias acumuladas.
