El Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó formalmente a México información sobre la situación del exvicepresidente Álvaro García Linera, ante versiones sobre una posible concesión de asilo político.
Mediante los canales diplomáticos correspondientes, la Cancillería pidió establecer si el Estado mexicano adoptó una decisión sobre la solicitud de protección internacional y, en caso afirmativo, conocer sus características jurídicas y alcances.
En un comunicado, el Ministerio aclaró que una eventual concesión de asilo no supone la paralización automática de las investigaciones fiscales ni de los procesos judiciales abiertos en Bolivia.
“La concesión de asilo político no implica, por sí misma, la suspensión de investigaciones fiscales ni de procesos judiciales iniciados en Bolivia”, señala el pronunciamiento.
La institución precisó que las autoridades nacionales mantienen sus competencias para continuar con las actuaciones que correspondan, siempre bajo el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, las normas vigentes y las garantías del debido proceso.
Cooperación jurídica entre ambos países
La Cancillería también recordó que Bolivia y México tienen vigente, desde 2010, un Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal.
Ese instrumento establece mecanismos de colaboración entre los dos Estados para determinadas actuaciones judiciales y fiscales, por lo que constituye un marco para gestionar requerimientos de cooperación internacional.
En ese contexto, el Gobierno boliviano sostuvo que el reconocimiento de las decisiones soberanas de otros países en materia de protección internacional no limita las atribuciones de las instituciones nacionales encargadas de investigar y administrar justicia.
“El respeto a las decisiones soberanas de otros Estados en materia de protección internacional es plenamente compatible con el ejercicio de las competencias de las autoridades judiciales y fiscales bolivianas”, remarcó la Cancillería.
La cartera de Estado aseguró que continuará facilitando los mecanismos de cooperación jurídica internacional que correspondan, en el marco de los acuerdos vigentes y del respeto a las competencias de cada país.
