El primer año de Gobierno de Rodrigo Paz estuvo marcado por la inestabilidad política, los conflictos internos, los cuestionamientos a la institucionalidad y una comunicación gubernamental que no consiguió sostener la confianza ciudadana. Aunque el Ejecutivo avanzó en algunas decisiones económicas y encontró mayor viabilidad en la Asamblea Legislativa, los politólogos Roberto Márquez y Natalia Aparicio consideraron que persisten problemas estructurales que ponen a prueba su capacidad de gestión.
En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, ambos coincidieron en que la crisis del sistema de partidos y la ausencia de estructuras políticas consolidadas condicionan el desempeño del Gobierno.
AVANCES PENDIENTES
Entre los aspectos que Márquez destacó está el sinceramiento de la economía, particularmente por las decisiones relacionadas con la subvención a los combustibles. También mencionó los intentos del Ejecutivo por enfrentar las redes de corrupción en el sistema judicial.
Aparicio coincidió en que hubo medidas macroeconómicas importantes, como el cambio del tipo de cambio fijo a uno flexible y el retiro parcial de la subvención a la gasolina y al diésel. Sin embargo, cuestionó que estas decisiones no respondan a un programa económico previamente estructurado, sino que comenzaron a implementarse en el contexto de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Sí son avances, pero igual son avances que han sido parte de este préstamo que estamos pidiendo para poder resolver nuestro hueco del déficit fiscal”, sostuvo.
La politóloga también advirtió que los cambios en el Ministerio Público y la salida de autoridades como Roger Mariaca y Romer Saucedo no necesariamente representan una transformación institucional. A su juicio, las redes de corrupción tienen una presencia profunda en los órganos del Estado y no pueden desaparecer con el alejamiento de determinadas autoridades.
Por esto, consideró necesarias reformas de largo alcance, como la actualización del Código Penal y mejoras en la infraestructura policial y judicial.
SIN PARTIDOS SÓLIDOS
La relación del Gobierno con la Asamblea Legislativa también refleja las contradicciones del primer año. Aunque el Ejecutivo consiguió avanzar con parte de su agenda y reunir respaldo parlamentario, Aparicio consideró que esta viabilidad responde más a las coincidencias ideológicas entre las fuerzas políticas que a la capacidad de articulación del oficialismo.
Para Aparicio, la Alianza Unidad, Libre y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) comparten, en términos generales, una orientación de centro y centroderecha, lo que facilita determinados acuerdos legislativos. Sin embargo, recordó que Paz dejó pasar una oportunidad para establecer pactos con Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga, líderes de los dos primeros partidos.
A esto se suma la fragmentación de las bancadas y las disputas por espacios de poder, que reproducen prácticas tradicionales de cooptación política. “Lo que podemos ver es una continuidad de los mecanismos de hacer política”, afirmó.
Márquez atribuyó esta situación a la crisis de los partidos y a la falta de formación de los nuevos representantes. Recordó que organizaciones como el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el Movimiento Bolivia Libre (MBL) y Acción Democrática Nacionalista (ADN) contaban con espacios de formación de cuadros políticos.
A diferencia de esas experiencias, consideró que las actuales organizaciones carecen de estructuras sólidas para preparar a sus militantes y futuros representantes. “Estamos en un momento donde la política ha sido tomada por gente que nunca ha hecho política”, señaló.
DISPUTAS ANTES QUE REFORMAS
La falta de formación política también repercute en el trabajo legislativo. Aparicio cuestionó que las disputas por las presidencias de las cámaras y las jefaturas de bancada ocupen la atención de los asambleístas, mientras permanecen pendientes reformas estructurales.
Como ejemplo, mencionó la falta de una actualización del Código Penal, vigente desde 1972, y de iniciativas orientadas a modernizar el sistema de justicia.
“Están más preocupados en pelear por la presidencia de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, preocupados por pelear por las jefaturas de bancadas, preocupados por ver quién puede disputar un poquito más de poder, en vez de preocuparse de los temas que son urgentes”, sostuvo.
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La analista también señaló que algunos legisladores llegan a sus curules sin conocer procedimientos básicos, como la elaboración de una petición de informe. Por ello, planteó que el Estado les proporcione capacitación técnica antes de asumir sus funciones, sin dejar de lado la responsabilidad individual de formarse y conocer los temas que deben legislar.
FACTOR LARA Y EVO
En el escenario político, la figura del vicepresidente Edmand Lara y la del expresidente Evo Morales también fueron parte del análisis. Para Márquez, Lara se convirtió en una garantía de continuidad del mandato de Paz, debido a que sus enfrentamientos con el Ejecutivo terminaron debilitando su propio capital político.
Sostuvo que el vicepresidente perdió autoridad entre sus pares y dentro del Ejecutivo. A su juicio, la exposición constante en redes sociales y sus conflictos políticos desgastaron su imagen.
Respecto a Morales, consideró que su permanencia en el Chapare y su situación política pueden favorecer al Gobierno, porque la polarización permite construir un adversario frente al cual posicionar el discurso oficialista.
Aparicio coincidió en que la antagonización fue una herramienta recurrente del Ejecutivo. Explicó que el Gobierno comenzó construyendo su discurso alrededor de los 20 años del Movimiento Al Socialismo (MAS), luego centró su confrontación en Morales y posteriormente incorporó a otras figuras, como Mariaca y Saucedo. “Rodrigo Paz, de cierta manera, ha construido su identidad como gobierno a partir de la antagonización del otro enemigo”, sostuvo.
Sin embargo, advirtió que esta estrategia puede desviar la atención de problemas que todavía esperan respuestas, entre ellos los cuestionamientos por la gasolina de mala calidad, el caso Cerimedo y las denuncias de corrupción.
Frente a esa lógica de confrontación, la politóloga planteó que el adversario debería ser quien utiliza el poder para obtener beneficios personales. “El verdadero enemigo, si vamos a antagonizar y si vamos a polarizar, el verdadero enemigo es el corrupto, es la persona que utiliza su poder para enriquecerse”, afirmó.
CONFIANZA DESGASTADA
Las contradicciones, los cambios de versión y la falta de coherencia entre el discurso y las acciones también debilitaron la credibilidad del Ejecutivo, coincidieron ambos politólogos.
Márquez sostuvo que el Gobierno no consiguió comunicar adecuadamente sus decisiones y que sus errores terminaron ocupando mayor espacio en la agenda pública. Para ilustrar esta situación, recordó una reflexión de Maquiavelo sobre cómo un error puede opacar las acciones positivas de un gobierno.
Aparicio señaló que los problemas comunicacionales estuvieron presentes desde el inicio de la gestión, incluso en las diferencias públicas entre Paz y Lara durante los primeros actos del Gobierno.
Aunque consideró que hubo cierta estabilización en abril con la llegada del vocero presidencial, José Luis Gálvez, sostuvo que para entonces la confianza ya estaba deteriorada. “Lo más difícil es tener esta coherencia entre el discurso y la acción, eso es lo más complicado y lo más retador dentro de cualquier Gobierno”, afirmó.
La politóloga atribuyó las dificultades para sostener una narrativa gubernamental a la ausencia de un horizonte claro de país. Recordó que el plan de gobierno presentado por Paz no superaba las 50 páginas y contenía propuestas dispersas, sin una orientación suficientemente definida.
También señaló que la informalidad, la inflación, el empleo y la reactivación productiva deben formar parte de las prioridades económicas. Según los datos que presentó a partir de un estudio de escucha social y etnografía digital realizado por Social Rank, las principales preocupaciones ciudadanas para el segundo año son la estabilidad de los combustibles, el costo de vida, la seguridad frente al crimen organizado y la generación de empleo.
AJUSTES Y RESULTADOS
De cara al segundo año, Márquez consideró necesario un cambio de gabinete y una redefinición del perfil presidencial. Señaló que Paz debe proyectar con mayor claridad la autoridad que representa y que su equipo debe identificar las prioridades nacionales.
También destacó el potencial del turismo para diversificar la economía, generar ingresos y atraer inversiones. En ese sentido, cuestionó la falta de información sobre la marca país y las políticas que se impulsarán desde el área de turismo, ahora dependiente de la Cancillería.
“El poder te puede abstraer”, advirtió al referirse al distanciamiento que pueden desarrollar las autoridades respecto de las necesidades cotidianas de la población.
Aparicio, por su parte, puso el énfasis en la necesidad de una gestión comprobable, con resultados concretos y respuestas a las demandas ciudadanas. Consideró que el Gobierno debe atender el abastecimiento de combustibles, los precios, el dólar, la inseguridad y la falta de empleo.
EVALUACIÓN
Al calificar el primer año de Rodrigo Paz, Márquez le asignó 5/10. Consideró que la herencia recibida condicionó el desempeño del Ejecutivo y que la nota podría ser mayor si hubiera comunicado mejor sus decisiones y mostrado más resultados. “La comunicación es vacía cuando no se ve ejecución y acciones”, sostuvo.
Aparicio fue más crítica y calificó la gestión como “insatisfactoria”, con 3/10. Reconoció como mérito el retiro parcial de la subvención a los hidrocarburos, una decisión que, en su criterio, debió tomarse mucho antes. Sin embargo, cuestionó que las nuevas autoridades continúen reproduciendo prácticas de las anteriores élites políticas.
Pese al balance crítico, Aparicio recordó que todavía resta una parte importante del mandato y expresó su expectativa de que el Gobierno pueda corregir el rumbo. Su reflexión final puso el foco en las demandas cotidianas de la población, más allá de las disputas políticas.
“Lo que la gente quiere es vivir en paz y que el dinero les alcance para poder pagar sus costos de vida y para poder pagar los costos de vida de sus hijos”, concluyó.
