El Tribunal Supremo Electoral (TSE) deberá ampliar sus tareas de fiscalización y controlar el cumplimiento de los programas de gobierno presentados durante las campañas electorales, según establece la Sentencia Constitucional Plurinacional 0374/2026-S2.
La resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determina que las atribuciones del órgano electoral no pueden limitarse a la supervisión del patrimonio y los recursos financieros de las organizaciones políticas. También debe verificar si las propuestas que permitieron a las autoridades acceder a cargos públicos se traducen en acciones concretas.
El alcance de la disposición comprende los compromisos asumidos por el presidente del Estado, los gobernadores y los alcaldes. En ese marco, el TSE tendrá que identificar cuáles de los proyectos anunciados están en ejecución, qué iniciativas registran avances y cuáles permanecen pendientes.
La sentencia plantea así una fiscalización que trasciende el ámbito administrativo y financiero de los partidos y organizaciones políticas, para incorporar el seguimiento a la gestión de las autoridades electas en función de sus ofertas electorales.
Para cumplir con esa tarea, el órgano electoral deberá desarrollar mecanismos técnicos que permitan evaluar el grado de ejecución de los programas de gobierno. Además, tendrá que establecer procedimientos para comunicar los resultados de ese seguimiento a la población.
La medida busca que los compromisos electorales puedan ser contrastados con las acciones desarrolladas durante el ejercicio de la función pública. De esa manera, la ciudadanía contará con información sobre el avance de las propuestas que respaldó con su voto.
El nuevo alcance de la fiscalización también plantea un desafío institucional para el TSE, que deberá definir cómo realizará el seguimiento, qué indicadores utilizará para medir los resultados y con qué periodicidad difundirá los informes.
La resolución abre, además, el debate sobre los mecanismos de evaluación de las promesas electorales y el alcance de las responsabilidades de las autoridades frente a los programas que presentan durante las campañas.
Con esta disposición, el control electoral incorpora una dimensión vinculada a la gestión pública: verificar que las propuestas inscritas y difundidas ante los votantes no queden únicamente como compromisos de campaña, sino que tengan un grado verificable de cumplimiento.
