El expresidente Luis Arce y River Covarrubias, exedecán de Evo Morales, protagonizaron un cruce de acusaciones mientras permanecen recluidos en el penal de San Pedro de La Paz, en un episodio que incorporó elementos políticos a la disputa.
Arce denunció ante el Régimen Penitenciario que Covarrubias realizó en julio acusaciones “falaces” en su contra y le atribuyó la comisión de delitos que incluso involucrarían a integrantes de su familia.
Por ese motivo, el exmandatario solicitó que se adopten medidas disciplinarias contra Covarrubias por las declaraciones realizadas durante una actividad desarrollada dentro del recinto penitenciario.
El exedecán respondió en agosto mediante un memorial, en el que negó haber cometido agravios o amenazas contra Arce y sostuvo que sus expresiones correspondieron al ejercicio de su opinión.
Sin embargo, Covarrubias también lanzó acusaciones contra el expresidente y afirmó que estaría sosteniendo reuniones con otros privados de libertad para promover medidas de presión y conflictividad social previstas para octubre.
La denuncia adquiere una dimensión política debido a que vincula al exmandatario con una eventual organización de protestas contra el Gobierno, aunque hasta el momento no se presentaron elementos públicos que sustenten esa acusación.
Defensa rechaza acusaciones
El abogado de Arce, Fernando Rivadeneira, negó que su defendido mantenga reuniones con el propósito de desestabilizar al Gobierno y rechazó cualquier vínculo con una eventual planificación de protestas.
El jurista también recordó que Arce se encuentra con detención preventiva por el caso Fondo Indígena y que, por tanto, mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia ejecutoriada.
Rivadeneira calificó el proceso contra el expresidente como “político”, “forzado” y “mal encaminado”, y aseguró que la defensa buscará demostrar esa posición mediante pruebas.
Mientras Arce enfrenta su proceso judicial, Covarrubias cumple una sentencia por violación. El cruce de acusaciones entre ambos se desarrolla dentro de un recinto donde también permanecen otros dirigentes y privados de libertad vinculados a procesos de relevancia política.
