Thomas Becker cuestionó la anulación del proceso contra exministros de Gonzalo Sánchez de Lozada, denunció irregularidades y anunció que las víctimas apelarán la decisión.
El abogado de las víctimas de Octubre de 2003 reaccionó con dureza durante una entrevista en Piedra, Papel y Tinta de La Razón.
Su principal cuestionamiento apuntó a la decisión judicial que dejó sin efecto el proceso contra exautoridades vinculadas a los hechos de 2003.
Becker concentró sus críticas particularmente en el exministro Carlos Sánchez Berzaín.
“Sánchez Berzaín es un asesino. Es el carnicero de El Alto”, afirmó durante la entrevista.
Becker apunta a Sánchez Berzaín por Octubre de 2003
Becker sostuvo que la responsabilidad atribuida a Sánchez Berzaín trasciende la firma de decisiones adoptadas durante el gobierno de Sánchez de Lozada.
Según su relato, el exministro habría participado directamente en las operaciones desarrolladas durante las jornadas de violencia.
“Él estaba a cargo de las operaciones de la muerte”, afirmó Becker.
También lo describió como “la persona probablemente más responsable” de los hechos de 2003.
El abogado recordó además que existe un proceso judicial desarrollado en Estados Unidos relacionado con ejecuciones extrajudiciales.
Becker afirmó que el resultado obtenido allí permanece firme y no resulta afectado por la reciente decisión adoptada en Bolivia.
“Ya ganamos, ya es culpable de ejecuciones extrajudiciales. Nada puede cambiar esto”, sostuvo.
“La comunidad internacional sabe lo que pasó”
El abogado afirmó que los acontecimientos de 2003 generan un grado de coincidencia poco habitual dentro de una sociedad políticamente polarizada.
Según Becker, sectores de izquierda y derecha reconocen la gravedad de lo ocurrido durante aquellas jornadas.
“La comunidad internacional sabe lo que pasó en 2003”, remarcó.
También aseguró que recibió mensajes de preocupación desde fuera de Bolivia tras conocerse la decisión judicial.
Para Becker, la controversia no termina con la responsabilidad atribuida a los exministros.
También cuestiona la manera en que se produjo la anulación del proceso.
Denuncia irregularidades en la decisión judicial
Becker calificó lo ocurrido como un caso extremo de “chicanería judicial” y aseguró que existieron irregularidades durante la tramitación.
Según explicó, los abogados de las víctimas no recibieron notificación para participar en la actuación judicial.
Añadió que tampoco se convocó al Ministerio Público.
“Nunca notificó a las víctimas”, afirmó.
Becker considera que esa ausencia impidió que los afectados y la Fiscalía pudieran presentar argumentos antes de adoptarse la decisión.
El abogado también cuestionó el momento coyuntural en el que fue planteada la acción.
Relacionó esa circunstancia con los problemas de conformación que atraviesa actualmente el sistema constitucional y habló de una situación de “debilidad” institucional.
Ver también: Justicia anula juicio de responsabilidades contra exministros de Sánchez de Lozada
Las víctimas anuncian apelación
Becker afirmó que la defensa ya prepara una respuesta legal.
La primera ruta será intentar revertir la decisión dentro del sistema judicial boliviano.
Pero adelantó que las víctimas también están dispuestas a acudir nuevamente a instancias internacionales si las acciones nacionales no prosperan.
“Vamos a continuar esta lucha hasta el último momento”, afirmó al describir la posición de los familiares.
Para Becker, la consecuencia del fallo va más allá del proceso por Octubre de 2003.
Sostiene que cerrar la posibilidad de establecer responsabilidades podría enviar un mensaje peligroso a quienes ejerzan el poder en el futuro.
“Si él está libre, es una señal a cualquier presidente (…) que tiene impunidad”, afirmó.
Por esa razón, la defensa plantea continuar la batalla tanto en Bolivia como, eventualmente, en el escenario internacional.
La controversia vuelve así a colocar Octubre de 2003 frente a una disputa que lleva más de dos décadas entre memoria, responsabilidad judicial y demandas de justicia.
