Durante el primer semestre de este 2026, el país registró 965 denuncias por violencia sexual infantil, consolidando una crisis estructural que afecta de manera directa a la niñez y la adolescencia.
El reporte fue emitido por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en el marco del Día Nacional de la Solidaridad con las Víctimas de Agresiones Sexuales y en Contra de la Violencia Sexual hacia Niñas, Niños y Adolescentes.
Callisaya señaló que la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes constituye una de las más graves vulneraciones de derechos humanos. Pues afectan su dignidad, integridad física, psicológica y sexual, así como su desarrollo integral y proyecto de vida.
Según datos del Ministerio Público, durante la gestión 2025 se registraron 10.816 denuncias por delitos contra la libertad sexual. De esa cifra, 2.313 correspondieron a violación de infante, niña, niño o adolescente.
CASOS
Entre tanto, en los primeros seis meses de 2026 se registraron 965 denuncias por este delito. Santa Cruz, La Paz y Cochabamba concentraron la mayor cantidad de casos.
“Estos hechos, que frecuentemente ocurren en entornos familiares o cercanos, evidencian una problemática estructural. Por ello se requiere una respuesta estatal efectiva”, advirtió la Defensoría del Pueblo mediante un pronunciamiento institucional.
Recordó que la Constitución Política del Estado, la Ley Nº 548, Código Niña, Niño y Adolescente, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales establecen la obligación estatal de adoptar medidas para prevenir y combatir toda forma de violencia sexual.
ACCIONES
Asimismo, detalló que entre algunas de las acciones que realiza la Defensoría del Pueblo contra las agresiones sexuales está la prevención y protección. Y lo hace mediante las Mesas Departamentales “Voces Unidas frente a la Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes”, la Política de Defensoras y Defensores Estudiantiles. También incluye campañas de sensibilización y seguimiento a las obligaciones estatales en esta materia.
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Con el fin de optimizar el trabajo frente a este delito, Callisaya pidió al Estado a fortalecer el Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente. Asimismo, garantizar una respuesta especializada y libre de revictimización; fortalecer la investigación y sanción efectiva de estos delitos. Además asegurar que las decisiones legislativas prioricen la protección integral de niñas, niños y adolescentes.
