Tras más de seis semanas de protestas y bloqueos, el cansancio de la población y la afectación a la economía son evidentes. El presidente de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz), José Eduardo Iriarte, resume la posición del sector. «Esto no puede volver a suceder. Eso es lo que tenemos que tener claro», afirma. Para el dirigente industrial, el perjuicio ya está hecho. La prioridad, más allá de resolver la situación, es evitar que el país y el departamento queden expuestos otra vez a una parálisis de esta magnitud. «No puede La Paz ser rehén de este tipo de actitudes, donde todos perdemos», dice.
Las cifras que maneja Cadinpaz dimensionan el daño. La industria paceña —La Paz y El Alto, principalmente— pierde $us 3 millones por día, y las pérdidas acumuladas a nivel nacional, considerando toda la cadena de negocios, ya superan los $us 2.000 millones, según Iriarte. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) actualizó el pasado jueves esa estimación a $us 2.520 millones. El 70% de las industrias de La Paz se vieron imposibilitadas de sostener su actividad normal debido a los bloqueos.
Estrangulamiento
Iriarte explica que la parálisis opera como un estrangulamiento en tres frentes simultáneos. El primero es el corte de las importaciones. «El 60% de los productos que se venden en Bolivia tiene un porcentaje de importación, entonces ya no están pudiendo llegar. Las que tenían stock de materias primas ya se lo están acabando». Las pocas empresas que siguen operando lo hacen al 20% o 30% de su capacidad. El segundo es la imposibilidad de sacar los productos terminados, que se acumulan en planta. Y el tercero es que los trabajadores no pueden llegar a sus puestos. «Cuando uno invierte en una industria lo hace pensando en que va a trabajar dos o tres turnos, seis o siete días a la semana, y eso no se puede hacer», señala.
El efecto se propaga por toda la cadena económica. El dirigente lo ilustra con la construcción. El desarrollo inmobiliario no puede avanzar porque no llegan materiales; sin obra, no trabajan los obreros ni venden quienes les proveen comida. «Es una cadena que está generando pérdidas millonarias y poniendo en riesgo muchos empleos y muchas inversiones», advierte. A su juicio, la incertidumbre sobre lo que viene es hoy el factor que más complica al sector.
Perjuicios por los bloqueos
En El Alto, donde la vocación comercial convive con un aparato industrial significativo, la situación tiene rasgos propios. Iriarte relata que hay industrias a las que se obligó a bloquear y otras que se intentó tomar. El caso más sensible es el de las lácteas, que no pueden recibir leche de la cuenca altiplánica. «No es un negocio, sino más bien lechería de subsistencia», explica sobre los productores. Ellos. al no poder entregar su producción, sufren el mayor perjuicio y achican aún más la cadena. En contraste, destaca la actitud de los trabajadores: empleados que llegan a las plantas en bicicleta o caminando para sostener la operación. «Han hecho su vida alrededor, justamente, de tener empleos formales», dice.
Sobre la recuperación, Iriarte remite al plan de reactivación que la CNI presentó esta semana al Gobierno. Indica que hay canales abiertos de diálogo, «a diferencia del anterior».
El saldo de mediano plazo de los bloqueos y protestas, sin embargo, apunta a la inversión. Iriarte matiza las versiones sobre una fuga de industrias del departamento. «No es tan fácil que una industria migre», porque las plantas se instalan en función de los requerimientos de la zona. La Paz y El Alto concentran una población grande, además del acceso a mercados externos como el norte de Chile y el sur del Perú. Lo que sí anticipa es un costo silencioso. «Lo que yo creo que va a pasar esta vez es que no se van a ampliar las líneas de producción» que ya estaban en evaluación. La expectativa del sector es que las industrias más grandes mantengan sus centros de operaciones en el departamento.
