El director ejecutivo de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho, afirmó que el Gobierno priorizará auditorías técnicas, financieras y legales antes de definir el cierre, concesión o reestructuración de las empresas estatales en quiebra técnica.
El funcionario sostuvo que las decisiones deberán sustentarse en información objetiva y no en criterios políticos.
Camacho explicó que la evaluación alcanza a un universo de 67 empresas públicas y advirtió que el análisis requiere tiempo debido a la complejidad de cada caso.
Juan Pablo Camacho
“Se tienen que hacer auditorías (…) que tienen que tener la información tanto legal, administrativa, financiera, para que las auditoras puedan realizar ese trabajo de verificación, con lo cual se van a tomar las medidas necesarias”.
La autoridad señaló que algunas plantas nunca podrán operar por errores de planificación y ubicación. Citó como ejemplo las plantas de biodiésel, cuya infraestructura, aseguró, carece de utilidad productiva.
“Hay industrias, hay plantas que no deberían funcionar (…) las plantas de biodiésel (…) no van a poder funcionar nunca”.
OFEP
Camacho indicó que una eventual clausura de empresas también requerirá respaldo legislativo. Señaló que, al haber sido creadas mediante leyes, varias de ellas podrían necesitar una norma similar para su cierre, aunque antes será indispensable presentar evidencia técnica.
“Nuestros legisladores van a pedir información (…) tiene que haber un sustento numérico”.
Como ejemplo, mencionó la planta de cemento de Potosí, que, según afirmó, presenta deficiencias estructurales que impiden su funcionamiento. Explicó que fue construida lejos del yacimiento de materia prima, sin un camino de conexión y con un horno que nunca fue concluido.
Cierre
“Esa planta nunca va a producir y nunca produjo nada”.
También cuestionó la planta de tuberías de Laja, cuya producción depende casi exclusivamente de YPFB. Consideró que la falta de diversificación comercial limita cualquier posibilidad de sostenibilidad.
“¿Qué hacemos con esa planta? ¿Quién te la va a comprar? ¿Quién te la va a concesionar?”.
El director de la OFEP alertó que el problema no se limita a las 15 empresas declaradas en quiebra técnica. Aseguró que otras 42 presentan dificultades financieras y operativas que podrían agravarse.
Obligaciones
“Muchas de ellas seguramente terminando esta gestión van a ser parte de esas 15”.
Según explicó, varias compañías ya incumplen obligaciones con el Banco Central de Bolivia, el Tesoro General de la Nación y proveedores, debido a que priorizan el pago de salarios sobre otras obligaciones financieras.
Camacho también observó que algunas empresas mantienen una cantidad de trabajadores superior a la necesaria para sus niveles de producción.
“Tenemos un exceso de personal en estas plantas”.
Como parte de las medidas de ajuste, recordó que el Ministerio de Economía ya anunció una reducción de Bs 3.800 millones en el presupuesto reformulado. Consideró que esa decisión refleja el inicio de un proceso de racionalización del gasto estatal.
Finalmente, sostuvo que el objetivo es transparentar la situación de las empresas públicas y adoptar soluciones viables para cada caso, ya sea mediante cierres, reestructuraciones, alianzas o concesiones, sobre la base de los resultados de las auditorías.
