El gobierno de Rodrigo Paz, a través del Ministerio de Educación, promete -o amenaza, según se lo entienda- modificar la Ley 070 Avelino Siñani-Elizardo Pérez para enfrentar la crisis educativa, definida gubernamentalmente, únicamente, como una crisis de aprendizajes y de calidad. Para justificar esta lectura, utiliza los datos proporcionados por el OPCE del gobierno de Arce, que se esforzó en construir el argumento letal de que la Ley de Educación fue un fracaso y responsable de los profundos problemas que atraviesa el sistema educativo boliviano. Bajo esa lógica, se instala la idea de que cambiando la ley se transformará la educación.
La educación es un proceso social complejo que exige intervenir simultáneamente en todas las dimensiones que la configuran y que interactúan entre sí. La calidad educativa no cambiará únicamente ajustando la norma o el currículo, sino atendiendo de manera integral las condiciones económicas de las familias, la presencia, formación y condiciones laborales de los maestros, la inversión pública sostenida, la infraestructura y el equipamiento disponibles, la diversidad cultural y las distancias geográficas. Todo lo anterior implica definir la capacidad y la voluntad política del Estado para sostener políticas de largo plazo, con programas, recursos y continuidad institucional. Mejorar la educación implica transformar cada uno de estos componentes, porque solo cuando funcionan de manera conjunta pueden generar aprendizajes de calidad y garantizar el derecho pleno a la educación.
En ese sentido, es importante reconstruir la historia educativa de Bolivia desde antes de 2006 para comprender correctamente que, durante el periodo neoliberal entre 1985 y 2005, la educación fue abandonada como prioridad y responsabilidad fundamental del Estado. Las cifras de ese momento muestran profundas desigualdades y exclusiones educativas: en 2005, más del 10% de los niños y adolescentes no asistía a ninguna institución educativa; el 11% de la población mayor de 15 años era analfabeta; y los adultos tenían, en promedio, solo 7,93 años de estudio, lo que mostraba una población sin conclusión de estudios.
Desde 2006, con el gobierno de Evo Morales, los indicadores educativos muestran mejoras sostenidas: la asistencia escolar supera el 94%, el analfabetismo cayó al 4,40%, la instrucción promedio adulta subió a 11 años. La población con primaria bajo del 41% al 22%, porque la secundaria y educación superior crecieron hasta 40% y 33% respectivamente. Estos avances se complementaron con el aumento de más de 42 mil docentes; en inicial la cantidad de maestros se duplicó y en secundaria pasaron de 25.334 a 57.576. Además, los 17 mil maestros interinos registrados en 2005 fueron profesionalizados hasta llegar a cero en 2018, cerrando una brecha histórica en la formación docente. Finalmente, la inversión pública creció de 6.519 millones a 23.881 millones de bolivianos.
Los avances logrados desde 2006 no significan que los problemas se hubieran resuelto. Persisten brechas rurales, desigualdades de calidad, dificultades de aprendizaje, infraestructura insuficiente, falta de maestros, educación continua, mejora en la formación de docentes y respuesta a los desafíos tecnológicos. Pero tampoco puede discutirse una reforma como si el país no hubiera cambiado o como si la educación siguiera igual que antes de la Ley 070. El punto de partida fue un sistema educativo precario, con indicadores negativos y brechas estructurales profundas; el periodo posterior mostró avances sostenidos que, aunque insuficientes, transformaron el panorama educativo heredado de la Reforma Educativa de la Ley 1565.
La calidad educativa no mejorará solo cambiando la ley o ajustando el currículo. Requiere, además, políticas sostenidas que fortalezcan inversión, formación docente, infraestructura, equipamiento, tecnología con sentido pedagógico, gestión escolar, equidad territorial y respeto a la diversidad cultural. La calidad no nace de un decreto o de un discurso, se construye en el tiempo, en cada escuela y en cada decisión pública. Como toda ley, es importante y necesario actualizar la Ley 070, pero solo será útil si parte de una evaluación seria, fortaleciendo lo avanzado y enfrentando las desigualdades persistentes. Lograr una educación de calidad, exige sostener y profundizar las políticas con una mirada social, para que el derecho a la educación se constituya en un derecho universal.
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