El diputado Carlos Alarcón denunció un presunto encubrimiento a exejecutivos de YPFB involucrados en el caso de la denominada “gasolina basura”, luego de que la Cámara de Diputados aprobara el informe de investigación especial sobre la importación y distribución de combustible desestabilizado.
En conferencia de prensa, Alarcón cuestionó que Armin Dorgathen, expresidente de YPFB, no fuera cautelado o detenido cuando correspondía, pese a que —según sostuvo— ya existían elementos para que rindiera cuentas ante la justicia boliviana.
“El año pasado ya se lo podía haber cautelado o detenido”, afirmó el legislador, al señalar que Dorgathen salió del país y actualmente se encuentra en condición de prófugo.
Alarcón también puso en duda la actuación de las instituciones encargadas de activar mecanismos internacionales para su búsqueda. Afirmó que el propio procurador habría reconocido que hasta ahora no se logró activar el sello rojo contra Dorgathen.
“¿Cómo es posible que un Ministerio Público de un Estado y una Contraloría no puedan hacer activar el sello rojo a una persona que no solo es prófugo, sino que violó la Ley de Arraigo?”, cuestionó.
Para el diputado, esta situación constituye un indicio de encubrimiento, apto para una investigación. “Entonces hay encubrimiento a Dorgathen”, sostuvo.
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Encubrimiento
Alarcón también apuntó contra Yussef Akly, otro expresidente de YPFB, por decisiones adoptadas durante la transición entre anteriores administraciones y el actual Gobierno.
Recordó que Akly realizó el 17 de diciembre de 2025 la quinta enmienda al contrato de suministro de gasolina base con la empresa Vitol, un acuerdo que se originó durante la gestión de Dorgathen y el gobierno de Luis Arce.
Según el diputado, esa modificación permitió ampliar la vigencia del contrato de la gasolina base hasta 2026.
Alarcón cuestionó que las autoridades no convocaran a Akly adeclarar dentro de la investigación, al considerar la relevancia que, según su versión, tuvo esa modificación contractual en la continuidad del suministro que se investiga.
Las declaraciones del legislador se producen después de que la Cámara de Diputados aprobara el informe de investigación especial sobre el caso de la “gasolina basura”, documento que establece responsabilidades y recomienda que los antecedentes se remitan a las instancias correspondientes para determinar responsabilidades.
El caso apunta a establecer cómo se autorizó la importación de gasolina desestabilizada, quiénes intervinieron en las decisiones y qué consecuencias económicas y técnicas provocó su distribución en el país.
