La Confederación de Choferes de Bolivia tomó distancia de la disputa política generada tras la salida del ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, y afirmó que el sector no intervendrá en las decisiones administrativas del Gobierno ni en las posiciones partidarias que se discuten en la Asamblea Legislativa.
El ejecutivo de la organización, Lucio Gómez, sostuvo que los transportistas no pretenden involucrarse en la definición de quiénes deben ocupar los cargos dentro del Ejecutivo y que su prioridad está en los problemas que afectan directamente a su sector.
“En situaciones de designaciones, de quiénes manejan en el Gobierno, el transporte no quiere meterse en la situación administrativa del Gobierno”, afirmó Gómez.
El dirigente señaló que la responsabilidad del sector es exigir que las autoridades cumplan con las funciones que les corresponden y actúen dentro del marco establecido por la Constitución.
“Lo que queremos es que las autoridades cumplan lo que verdaderamente les toca trabajar y cumplir la Constitución”, remarcó.
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Choferes
Gómez consideró que las posiciones asumidas en torno a la destitución de Espinoza corresponden principalmente a una disputa que debe ser resuelta en el ámbito político e institucional.
“Seguramente son posiciones que han asumido en la Asamblea Legislativa”, sostuvo, al marcar distancia entre las decisiones partidarias y las demandas de las organizaciones sociales.
En ese sentido, afirmó que mientras la Asamblea Legislativa desarrolla su propia agenda política, el transporte continuará concentrado en sus reivindicaciones y en los problemas económicos que afectan a los trabajadores del sector.
“La política partidaria allá y nosotros vamos a trabajar con la política social”, enfatizó.
La posición de los choferes se produce en medio de la controversia generada por la salida de Espinoza del Ministerio de Economía y el debate sobre la continuidad de las medidas económicas impulsadas durante su gestión.
Para el transporte, más allá de quién ocupe el cargo, el interés central está en que las autoridades adopten decisiones que permitan atender las dificultades que enfrenta el sector y garantizar condiciones adecuadas para desarrollar su actividad.
