La Cámara Nacional de Industrias (CNI) pidió a los tribunales aplicar los principios de igualdad ante la ley, seguridad jurídica y reglas claras en el proceso seguido por la empresa Fancesa contra Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce).
Mediante un comunicado, la CNI expresó su preocupación por los efectos que pueda generar el Auto Supremo 1190/2026, de 26 de junio de 2026 emitido por el Tribunal Supremo de Justicia dentro de ese caso y manifestó su respaldo institucional a Soboce.
“La CNI reconoce y respeta plenamente la independencia de los órganos de justicia y las competencias que les corresponden. Al mismo tiempo, considera fundamental preservar principios esenciales para el desarrollo económico, como la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica y la existencia de reglas claras y previsibles para las empresas que participan en un mismo mercado, independientemente de la naturaleza pública o privada de su capital”, dice el comunicado.
Asimismo, la CNI considera importante que las instancias nacionales y de la Comunidad Andina, en el marco de sus respectivas competencias, puedan evaluar los aspectos jurídicos planteados en este caso y sus posibles efectos sobre el comercio y las exportaciones bolivianas.
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Seguridad jurídica
“La Cámara Nacional de Industrias cree que las decisiones que correspondan deben desarrollarse dentro del marco constitucional y legal vigente, preservando el debido proceso y la tutela judicial efectiva de todas las partes”, remarca la nota.
Además, reitera su respaldo a Soboce y su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad jurídica, la confianza y las condiciones necesarias para invertir, producir y generar empleo en Bolivia.
Esta semana, Soboce presentó ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) un reclamo formal contra el Estado boliviano por “quiebre de la seguridad jurídica y trato discriminatorio contra un inversor subregional” en el caso de la millonaria indemnización que debe pagar a la empresa Fancesa.
Fancesa exige a Soboce el pago de Bs 744,3 millones derivada de un proceso por supuesta competencia desleal.
