Colombia abrió la puerta a un giro energético al anunciar que permitirá el fracking bajo controles técnicos y ambientales, dentro de una estrategia para recuperar la exploración de petróleo y gas. El nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, sostiene que el país debe conciliar la transición energética con la seguridad de abastecimiento, tras años de restricciones a nuevos contratos de hidrocarburos.
La apuesta responde a un deterioro visible en los indicadores del sector. Entre 2023 y 2025, la inversión extranjera en minería y petróleo cayó 34%, hasta aproximadamente $us 6.900 millones. En ese mismo período, la producción petrolera descendió 4%, a un promedio de 746.000 barriles diarios, mientras las importaciones de gas llegaron a representar 31% del consumo nacional.
El nuevo gobierno busca fortalecer a Ecopetrol como eje de la recuperación. La petrolera estatal aprobó para 2026 inversiones de entre 22 y 27 billones de pesos colombianos, con prioridad para exploración, producción, refinación y transporte. El programa contempla perforar entre 380 y 430 pozos de desarrollo.
Sin embargo, el fracking no será inmediato. Su aplicación dependerá de reglamentación ambiental, licencias, consultas previas y respaldo político para revertir restricciones vigentes.
Este proceso podría ser prolongado, como lo sugiere un análisis parlamentario que advierte que la decisión no puede ser un «cheque en blanco». Debe basarse en precisión científica, monitoreo riguroso y un marco regulatorio adaptado a la realidad de Colombia.
