Los contratos suscritos por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con el consorcio chino CBC y la empresa rusa Uranium One Group para el desarrollo de proyectos de explotación de litio se encuentran paralizados en la Asamblea Legislativa Plurinacional, mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revisa las acciones judiciales presentadas por comunidades indígenas del sudoeste de Potosí.
Los acuerdos, firmados durante el gobierno del expresidente Luis Arce, no avanzan en su proceso de aprobación legislativa debido a una acción popular presentada por 53 comunidades indígenas pertenecientes a la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL), además de una solicitud de medidas cautelares interpuesta ante el Tribunal Agroambiental en 2025.
Las comunidades plantean observaciones vinculadas al proceso de consulta, acceso a información y los posibles efectos de los proyectos sobre recursos naturales, ecosistemas y territorios donde se desarrollarán las actividades relacionadas con la explotación del litio.
Ante estas acciones, el TCP inició la revisión del caso y solicitó criterios técnicos y jurídicos a diferentes instituciones y organizaciones especializadas bajo la figura del amicus curiae o “amigo de la corte”, entre ellas el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
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Litio
La organización internacional presentó argumentos relacionados con los estándares de derechos humanos aplicables a proyectos extractivos de gran escala. Helena Rocha, codirectora del Programa de Brasil y Cono Sur de CEJIL, señaló que el objetivo del documento es aportar criterios sobre las obligaciones que tiene el Estado boliviano en materia de consulta, participación comunitaria, protección ambiental y acceso a información.
“Lo que hacemos es aportar esos estándares e indicar que hay una obligación de los Estados, en este caso del Estado de Bolivia, de cumplir con esas obligaciones internacionales que se basan en diferentes documentos internacionales”, afirmó Rocha.
La paralización de los contratos ocurre en un momento clave para la estrategia boliviana de industrialización del litio, un sector considerado estratégico por su potencial para atraer inversiones, generar valor agregado y permitir la inserción del país en la cadena global de baterías y tecnologías vinculadas a la transición energética.
Desde una perspectiva económica, la definición del TCP será determinante para establecer las condiciones de continuidad de estos proyectos y la certidumbre jurídica para futuras inversiones en el sector. La resolución deberá buscar un equilibrio entre el aprovechamiento de los recursos de litio, el cumplimiento de estándares internacionales y la participación de las comunidades involucradas.
Mientras el proceso permanece en revisión, los contratos con las empresas internacionales no avanzan hacia su aprobación definitiva. Manteniendo en suspenso una de las apuestas estratégicas del país para desarrollar su industria del litio.
