Escribo sobre la realidad boliviana desde 1992. Hoy lo hago desde una experiencia cercana y que ha despertado a profundizar mis investigaciones sobre la informalidad y su vínculo con los deshonesto. Soy periodista, economista, académico e inversor, además de ser testigo en dos juicios penales de atentado al trabajo y agresión física. No puedo fingir distancia, pero sí asumir el rigor de distinguir lo que vi, lo que consta judicialmente, lo que otros relatan y lo que aún debe probarse. No escribo para condenar por anticipado, sino para defender los derechos de la víctima y reflexionar sobre el comercio informal sindicalizado y capitalizado por la extorsión de algunos indoctos que se denominan dirigentes defensores de sus afiliados, pero que, a la hora de la verdad, defienden su bolsillo, azuzan a sus afiliados y pretenden consolidar la expansión y sostenibilidad de sus intereses inmorales.
La informalidad no es licencia para apropiarse de la ciudad
El comercio popular sostiene hogares donde el empleo formal no alcanza, e informalidad no equivale a ilegalidad. Pero ninguna necesidad autoriza a convertir una acera en propiedad privada, ni a disponer de espacios municipales como si fueran de un particular. Cuando una actividad impone congestión o riesgos a terceros, genera externalidades negativas que deben regularse con legalidad y proporcionalidad.
Casetas y «agradecimientos»
Según relatos recibidos, en ciertos mercados se transfieren casetas por sumas comparables a viviendas y se exigirían pagos informales a intermediarios; se mencionó, como ejemplo, tres mil dólares al comprador y otros tres mil al vendedor. No es una transacción verificada: Requiere contratos, recibos y testimonios. Una autorización de uso no es un título de propiedad, y llamar «agradecimiento» a un pago no resuelve su legalidad. Si se exige bajo presión o a cambio de influencias, corresponde investigarlo.
Catalina y la deuda de protección
Catalina, nombre ficticio de una comerciante adulta mayor con discapacidad, habría enfrentado exigencias que consideraba abusivas al buscar transferir sus casetas. Falleció sin formalizar la declaración y/o denuncia que la tengo grabada. No corresponde atribuirle palabras ni señalar culpables, sí preguntar cuántas personas mayores callan porque reclamar cuesta dinero, tiempo y salud.
Una doctora puede comerciar
La víctima es doctora en Comunicación Social, periodista televisiva y parte de una familia con medio siglo de trayectoria comercial. Se ha cuestionado que una profesional comercie. Mankiw recuerda que las personas enfrentan disyuntivas y costos de oportunidad: La formación amplía capacidades, no cancela libertades. Tampoco la trayectoria familiar otorga propiedad sobre un espacio municipal.
Casi noventa días de clausura
Según la evidencia observada, la caseta de la víctima estuvo impedida de funcionar casi noventa días, con precintos de «CLAUSURADO». La víctima afirma no haber recibido acta explicativa. La pregunta es concreta: ¿Quién ordenó la clausura, con qué fundamento y mediante qué notificación? Las deudas bancarias siguieron y las ventas cayeron, generando insolvencia. El daño económico exige cuantificación rigurosa.
La agresión denunciada
Durante las gestiones para levantar la clausura, presencié cómo, según mi testimonio, un dirigente pisó las manos de la víctima. Lo filmé. Ella denunció; el video y un certificado forense fueron incorporados al proceso. El acusado niega la agresión y corresponde al tribunal determinar responsabilidades. Ninguna controversia comercial debería desembocar en violencia.
La decisión de buscar justicia
Al 28 de octubre de 2026 existen dos causas en juicio oral: Una por lesiones graves, con audiencia prevista para diciembre, y otra por presunta vulneración de la libertad de trabajo, postergada. Un juicio oral no es una condena. La víctima no busca venganza, busca que la ley valga para todos.
La economía del miedo
Un joven profesional que pidió cuentas sobre aportes de afiliados relata presiones; una mujer que denuncia teme el descrédito. Los incentivos pueden desalentar el ejercicio de derechos: El silencio no siempre es conformidad, sino respuesta a costos percibidos. La representación no es propiedad, la autoridad no es impunidad y la conciliación no puede imponerse a la víctima. La víctima no quiere privilegios frente a nadie, sino que nadie los tenga frente a la ley. Porque una sociedad pierde su libertad cuando trabajar exige obedecer en silencio.
