Bolivia ya no contempla la precariedad solamente en una pantalla: La vive cada día. La inflación reduce el salario, la contracción destruye oportunidades y la escasez obliga a pagar más por recibir menos. Esa combinación de estancamiento e inflación tiene un nombre: Estanflación. No es una definición académica, sino el plato que se achica, el medicamento que no se compra y el negocio que sobrevive sin crédito ni certidumbre.
En una economía donde la informalidad se aproxima al 90 % en amplios sectores, millones trabajan sin seguro, jubilación digna, estabilidad ni protección laboral. Sin embargo, esa supervivencia se presenta como “espíritu emprendedor”. Se elogia a quien vende en la calle desde la madrugada, pero no se pregunta por qué el país fue incapaz de ofrecerle productividad y derechos. No romanticemos la informalidad: También evidencia un Estado que recauda poco, protege menos y planifica tarde.
A este deterioro se suma la intransparencia política. Las cifras se esconden, las responsabilidades se diluyen y los discursos sustituyen a los resultados. Así se instala una frase destructiva: “Roba, pero hace”. Con ella, la corrupción se convierte en una supuesta comisión por obra ejecutada. Se perdona el saqueo si queda una carretera, una plaza o un edificio para la fotografía. Pero quien roba recursos públicos también roba hospitales, educación, empleo y futuro. El ciudadano paga dos veces: Primero mediante impuestos y después mediante servicios deficientes.
Más grave resulta cualquier apropiación, uso irregular o falta de claridad sobre los aportes previsionales. Esos recursos no pertenecen al gobernante de turno ni son una caja para cubrir déficits. Constituyen salario diferido y esperanza de vejez. Si se confirma el desvío o despilfarro denunciado, no estaríamos ante un simple desorden administrativo: Estaríamos ante una agresión contra generaciones de trabajadores. Robar al sistema previsional es robarle al anciano antes de que envejezca.
La estanflación boliviana no es únicamente monetaria: También es institucional y ética. Se estancaron la confianza, la transparencia y la capacidad de gestión, mientras crecieron los precios, la incertidumbre y el desencanto. Cuando la política deja de rendir cuentas, el mercado se vuelve especulativo, la informalidad se expande y la ciudadanía queda sola frente a la crisis.
Bolivia no necesita elegir entre un Estado corrupto y un mercado sin límites. Necesita instituciones transparentes, justicia independiente, inversión productiva, auditorías públicas y protección efectiva del ahorro previsional. Una sociedad madura no dice “roba, pero hace”: Exige que haga sin robar. Recuperar Bolivia comienza con una verdad: Lo público pertenece al pueblo y quien lo roba se lleva la vida, la seguridad y el porvenir de todos.
*Alfredo Eduardo Mancilla Heredia
Doctor en Economía y posdoctor en Formación de Investigadores Académico Nacional e Internacional
