El próximo 22 de julio se dará inicio a una cumbre minera. Su realización es compromiso del ministro del área ante una serie de reclamos puntuales sobre temas específicos: regalías del litio y estabilidad del Cerro Rico por parte del Comité Cívico de Potosí; liberación de áreas y alianza con privados, por las cooperativas mineras; exigencia de seguridad industrial y eliminación del trabajo infantil por parte del Defensor del Pueblo; restructuración de COMIBOL, defensa de sus áreas exclusivas y contra el avasallamiento de minas, pedido de los mineros asalariados; exigencia de la consulta previa e informada de parte de los pueblos originarios; reclamos sobre la preservación del medio ambiente por municipios y comunidades campesinas.
La intencionalidad de la cumbre parece buscar solucionar conflictos que hacen a la gestión de la minería, de hecho, no son nuevos; sin embargo, se han ido acumulando por mucho tiempo en la medida que no se ha tenido la fuerza para aplicar las normas, muchas veces por la misma conflictividad o el apoyo corporativo a los gobiernos. La solución de estos problemas está en la aplicación de las normas, con flexibilidad, pero sin perder el rumbo del bien común.
De cualquier manera, estas tareas no se van a solucionar en un debate asambleísta -son 800 participantes- al contrario, se puede agudizar el enfrentamiento entre sectores. La tarea es buscar un objetivo común, el vivir bien de todos los bolivianos, ver cómo, en esta visión, se articulan y satisfacen los intereses particulares, labor creativa y ante todo de paciencia.
Al explotar un elemento con valor intrínseco -no hay que crearlo sino utilizarlo- la actividad minera tiene la capacidad de satisfacer necesidades y evitar dañar a otros, a través de una explotación sostenible, racional y eficiente. En este propósito es necesario respetar la idiosincrasia de cada actor involucrado, el comunario propietario del suelo, el empresario dueño del capital, trabajadores agrupados en cooperativas, los trabajadores asalariados unidos en sindicatos, las regiones, en instituciones que buscan su desarrollo.
La Constitución del 2009 ha significado un cambio en la manera de ver la minería. La visión es superar el extractivismo, buscando la fundición de los minerales y su industrialización en el país, aumentando valor en toda la cadena productiva. Por otro lado, se ha desechado el régimen concesionario que acumulaba áreas sin producir; hoy el titular asume la obligación de llevar a cabo la actividad minera directamente; lo establece en un contrato, refrendado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que contempla un plan de trabajo, un cronograma y compromete inversión.
Para este objetivo, en el marco de una economía plural, se reconoce a tres actores productivos: empresas estatales, privadas y cooperativas; son agentes económicos regulados por ley, a cada uno se les concede áreas de trabajo para usufructo directo. Sin embargo, ha ocurrido una distorsión porque muchas empresas privadas buscan ser cooperativas y muchas cooperativas aparecen con dueños; mientras tanto, la empresa estatal no se transforma en empresa productiva y sigue arrendando sus yacimientos.
Dado este desbarajuste la Asamblea Legislativa ha aprobado pocos contratos que cumplen con la norma. El eludir compromisos y negar derechos agrarios ha llevado a que prolifere una minería no formal, la que ha crecido sustancialmente. Este año se proyecta una exportación minera de $us 13.000 millones, de los cuales la renta minera no llegará al 6%, ni qué decir de las divisas que salen del país para no volver. Urge el control estatal sobre la actividad minera.
Paralelamente desde otras carteras de Estado se anuncia la presentación de un proyecto de Ley Minera con cambios estructurales, para dinamizar la inversión, haciéndola atractiva, para ello, se modificará el marco constitucional. Esto significa entre otras cosas la posibilidad de que el contrato minero pueda ser objeto de garantía o puesto en la bolsa para capitalizarse, los problemas contractuales con el Estado sean resueltos en tribunales internacionales y no en Bolivia como establece la Constitución, que haya libre exportación de las ganancias, lo que naturalmente disminuiría los ingresos para el Estado. La agenda es profunda, pero su concreción será más difícil, por cuanto tiene que ser aprobada por dos tercios de la Asamblea y luego ser consultada en referéndum.
En ese sentido la Cumbre Minera tal vez tenga más sentido, es más práctica, aunque las opiniones sean múltiples.
