El abogado uruguayo Santiago Moratorio, defensor de Sebastián Marset, afirmó que su cliente no es parte de la investigación penal que involucra al exfiscal general Róger Mariaca y a otros funcionarios en Bolivia. Además, negó que el narcotraficante uruguayo haya iniciado una negociación con la Fiscalía de Estados Unidos y señaló que optó por ir a juicio.
Mediante un comunicado enviado a El Deber Moratorio señaló que Marset no forma parte del proceso contra Mariaca, Alberto Zeballos, Martín Irusta y Rubén Aparicio, investigados por una supuesta estructura de protección al narcotráfico.
“Mi representado no es parte de la investigación a la que hace referencia esa nota”, afirmó el abogado.
La Fiscalía incorporó como elemento de la investigación material audiovisual en el que Marset menciona a Mariaca y habla de un supuesto pago de $us 500.000 para recibir protección. El Ministerio Público sostiene que ese material respalda su hipótesis sobre una estructura que habría favorecido actividades vinculadas con el narcotráfico.
Moratorio evitó confirmar o descartar la autenticidad de las grabaciones. “No corresponde que esta defensa confirme, niegue o interprete su autenticidad”, señaló.
El abogado explicó que desconoce el origen y la cadena de custodia de esos materiales y sostuvo que no le corresponde pronunciarse sobre un proceso penal boliviano en el que Marset no figura como parte.
La defensa también se refirió a la situación de Marset en Estados Unidos, donde enfrenta un proceso federal. Moratorio rechazó las versiones sobre una supuesta negociación con la Fiscalía estadounidense.
Según explicó, el sistema federal contempla distintas alternativas para un acusado, entre ellas declararse culpable y cooperar con la Fiscalía, declararse culpable sin cooperación o acudir a juicio ante un jurado.
“Para que mi representado estuviera ‘negociando’, como he visto circular, el primer paso habría sido declararse culpable. No lo ha hecho: ha optado por ir a juicio”, afirmó.
En el país avanza en la investigación contra Mariaca y otros funcionarios por la presunta existencia de una estructura de protección al narcotráfico. Las acusaciones corresponden a la hipótesis del Ministerio Público y deberán ser sustentadas durante el proceso penal.
