La Defensoría del Pueblo contabilizó 20.585 denuncias por presuntas transgresiones a derechos individuales y colectivos entre enero y septiembre de 2026.
El informe institucional sitúa al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de petición y las garantías del ámbito laboral como las causas con mayor recurrencia a escala nacional.
El delegado defensorial de Oruro, Juan Arroyo, advirtió sobre la presencia inédita de controversias del trabajo en los registros de la entidad. “El incremento de las denuncias laborales llamó la atención de la institución. Este tipo de casos tenía menor presencia en gestiones anteriores”.
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Arroyo relacionó este comportamiento estadístico con el impacto de la coyuntura financiera sobre el mercado productivo. “La situación repercute en el cierre de emprendimientos y la reducción de puestos de trabajo tanto en entidades públicas como en empresas privadas”.
Por ello, planteó la urgencia de medidas estatales estructurales que protejan la estabilidad de los trabajadores.
En cuanto a las vías de resolución, el 64% de los expedientes ingresó a investigaciones defensoriales por su complejidad técnica. Un 23% concluyó con orientación ciudadana y derivación a otras carteras de Estado, mientras que el 11% motivó intervenciones inmediatas por riesgo para la integridad física o la vida de los afectados.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó el balance trimestral con el fin de promover medidas correctivas en las instancias públicas observadas.
