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Delitos de corrupción y falta grave de Bilbao y Medinaceli

La presión que habrían ejercido los suplentes de diputados Alejandro Medinaceli y Claudia Bilbao sobre Daniela Quiroga, entonces directora de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), no es sólo un intento de conseguir puestos de trabajo para sus recomendados.

Los hechos conocidos revelan que se habría utilizado el poder político para imponer contrataciones, amenazarla por resistirse a realizarlas y, finalmente, quitarla del camino para conseguir los nombramientos pretendidos.

En los audios difundidos se escucha a Medinaceli cuestionar que no se hubieran atendido sus instrucciones y amenazarla indirectamente al preguntarle a Quiroga si quería seguir trabajando. Por su parte, Bilbao amenaza con recurrir a mecanismos de fiscalización y con pedir la destitución del responsable de Recursos Humanos si no atienden sus exigencias.

Lo que inicialmente pudo haber sido solo una presión indebida, que la amenaza se haya cumplido al lograr la destitución de Quiroga el mismo día y, al día siguiente, la designación de la persona cuyo nombramiento ella se había negado a realizar porque no cumplía el perfil requerido, convierte la situación en un presunto hecho de corrupción.

De demostrarse, no se trataría simplemente de una amenaza que quedó en palabras, sino de una presión que consiguió su propósito, ya que en la realidad se habría apartado a la funcionaria que se resistía a realizar un nombramiento irregular y colocar en el cargo a la persona que se pretendía imponer.

Según afirma Quiroga en entrevistas para los medios, ella habría incorporado en la AISEM alrededor de 40 personas recomendadas por Medinaceli y otros tantos por Bilbao. Aclaró que aceptaba los encargos cuando los postulantes cumplían los requisitos, pero que las presiones surgían cuando se negaba a contratar a quienes no reunían el perfil exigido por la norma.

Por tanto, no se trata de cuestionar que un legislador recomiende a una persona para un puesto. Lo que debe investigarse es si existió un mecanismo sistemático para utilizar la influencia parlamentaria con el propósito de conseguir contrataciones al margen de los requisitos de idoneidad y, sobre todo, si se recurrió a amenazas para imponerlas.

Habría al menos tres delitos que deberían investigarse. El primero es el “uso indebido de influencias” (CP, art. 146), que sanciona a la autoridad que, aprovechando las funciones que ejerce o las influencias derivadas de ellas, obtiene beneficios para sí o para terceros. Si los diputados suplentes utilizaron su investidura para conseguir empleos remunerados para personas de su entorno, estaríamos ante una posible utilización de la función pública en beneficio particular.

El segundo es la “extorsión” (CP, art. 333) que sanciona a quien, mediante intimidación o amenaza grave, obliga a otra persona a hacer, tolerar u omitir algo, con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio económico indebido. La amenaza de perjudicar la continuidad laboral de Quiroga, en el contexto de las exigencias de contratación, podría coincidir con esta figura delictiva. Su destitución posterior y el nombramiento inmediato de la persona rechazada son elementos que refuerzan esa posibilidad.

El tercer delito es la “coacción” (CP, art. 294). Si no se consigue demostrar la finalidad económica específica que exige la extorsión, todavía corresponde ver si se utilizaron amenazas graves para obligar a la funcionaria a realizar actos que no estaba legalmente obligada a ejecutar.

Finalmente están los “nombramientos ilegales” (CP, art. 157). Por este delito se sanciona a quien nombre para un cargo público a una persona que no reúna las condiciones legales para desempeñarlo. Por eso, la negativa de Quiroga a realizar el nombramiento cuestionado no solamente fue legítima, sino que, de haber cedido a las presiones de Medinaceli y Bilbao, se habría arriesgado a lidiar con la responsabilidad penal.

Ahora, quien realizó el nombramiento posterior sabiendo que la persona no reunía las condiciones legales, podría enfrentarse a la responsabilidad penal, así como quien ejecutó el nombramiento, incluyendo a los diputados suplentes en calidad de instigadores o partícipes.

La investigación de estos casos no debe limitarse a los dos audios; deben revisarse las contrataciones realizadas durante la gestión de Quiroga, las listas de recomendados, los perfiles de los cargos, las personas que decidieron los nombramientos, entre otros. También quién decidió la destitución de la directora y qué intervención tuvieron los legisladores.

Si los suplentes de diputados involucrados pretenden esconderse tras la inviolabilidad parlamentaria (CPE, art. 151), eso no sería posible. Si bien la inviolabilidad protege las opiniones, comunicaciones, requerimientos, interpelaciones y demás actos realizados en el ejercicio de la función parlamentaria, no implica la otorgación de inmunidad contra los delitos de corrupción (CPE, art. 152). No existe un privilegio general que impida su investigación y procesamiento penal. Más aún cuando los suplentes tienen la cualidad de diputados únicamente una semana al mes —cuando asumen la titularidad—, siendo el resto del tiempo ciudadanos comunes.

Por otro lado, también está la responsabilidad ética en la Cámara de Diputados. Los legisladores tienen el deber de denunciar y, la Comisión de Ética, de investigar esos hechos, ya que el art. 8.3 del Reglamento de Ética tipifica como Falta Grave “ejercer influencia indebida en favor de terceros”. La sanción por esta falta es la suspensión temporal del cargo de entre tres y seis meses, sin derecho a remuneración (RE, art. 10.III). Siendo los involucrados solo suplentes, no les afectaría más que la semana al mes que asumen, por los meses que dure la suspensión (dejarían de asumir).

La fiscalización es una de las dos atribuciones fundamentales del Legislativo, pero ella pierde su legitimidad cuando se la emplea como instrumento para la corrupción. Siendo esto un delito, utilizar ese poder para eso convierte al fiscalizador en delincuente.

Con todos los audios difundidos hasta ahora, que involucran a instancias de tres o ya de los cuatro órganos del Gobierno central, la sociedad boliviana no está, al parecer, contemplando unos simples hechos de abuso de poder. Está asistiendo a la revelación progresiva de redes de corrupción articuladas desde sus mandos más altos (Cerimedo, Bibi, R. Mariaca, R. Saucedo, G. Ávila y, ahora, dos suplentes de diputados con poderes fácticos sobre el Ejecutivo).

Si no se da pronto una respuesta decisiva desde el propio gobierno frente a esa corrupción sistemática y extrema, un Estado de Excepción podría no bastar para contener la reacción que podría tener la sociedad civil. No se debe olvidar que el ala conservadora del país no está reaccionando únicamente porque no quiere que Edmand Lara asuma la presidencia si Rodrigo Paz es expulsado.

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