Fátima del Reino Iniesta
El Comité de Huelga, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA), acusa al Ministerio de Sanidad de intentar «desviar la responsabilidad» en el conflicto abierto por el Estatuto Marco.
La respuesta del Comité llega después de que Sanidad remitiera una carta a los sindicatos médicos antes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). En ella, el Ministerio defiende que ha dado respuesta a todas las reivindicaciones que se encuentran dentro de su ámbito competencial, salvo aquellas que considera incompatibles con el ordenamiento jurídico vigente o que corresponden a las comunidades autónomas.
En su escrito, Sanidad lamenta «la situación de bloqueo actual y el mantenimiento de las convocatorias de huelga al margen de los avances alcanzados». Además, asegura que resulta «difícil comprender» que, tras las soluciones presentadas durante la negociación, no se haya producido una desescalada del conflicto.
Los sindicatos médicos niegan que el Ministerio haya dado respuesta a todas las reivindicaciones dentro de su competencia
El Ministerio sostiene también que las propuestas y soluciones aportadas fueron «valoradas positivamente por el Comité en las reuniones», aunque no han servido para reducir la conflictividad ni evitar la huelga. Sanidad afirma, además, que en la reunión celebrada el 17 de abril «el propio Comité de Huelga decidió romper el diálogo y mantener la convocatoria de huelga».
El Comité niega que Sanidad haya dado respuesta a sus reivindicaciones
El Comité de Huelga rechaza esta versión y sostiene que, «en contra de lo que afirma el Ministerio de Sanidad, ni su titular ni sus representantes en la mesa de negociación han mostrado la menor confianza en el diálogo como vía de solución al conflicto».
Los sindicatos médicos acusan al Ministerio de haber presentado «soluciones jurídicamente inviables» y de «confundir a la opinión pública con comunicados tendenciosos e inexactos». También niegan que el anteproyecto de ley del Estatuto Marco recoja todas sus reivindicaciones, salvo las jurídicamente inviables o las que corresponden a las comunidades autónomas. «Esto es sencillamente falso», afirman.
El Comité acusa a Sanidad de presentar «soluciones jurídicamente inviables» y de «confundir» a la opinión pública
Entre los puntos que el Comité considera pendientes figuran la creación de un estatuto propio para médicos y facultativos, una mesa de negociación específica para el colectivo, cambios en la clasificación profesional, la regulación de la jornada y las condiciones de las guardias, así como la jubilación.
Estatuto propio y mesa de negociación específica
Uno de los principales desacuerdos se centra en la petición del Comité de Huelga de crear un estatuto propio para médicos y facultativos. Sanidad sostiene que el Estatuto Marco contiene un capítulo específico para las particularidades del colectivo médico, pero considera que una norma propia podría generar una segregación injustificada del sistema.
El Comité de Huelga rechaza este argumento y asegura que el Ministerio se ha opuesto a la creación de un Estatuto de la Profesión Médica y Facultativa «no por imposibilidad jurídica, sino como manifestación de su posición política». Según los sindicatos, «lo verdaderamente discriminatorio es obligarnos sólo a nosotros a hacer horas extra obligatorias pagadas por debajo de la hora ordinaria».
Los sindicatos reclaman al Gobierno interlocutores con capacidad para coordinar a los ministerios implicados
También discrepan sobre la creación de una mesa de negociación específica. Sanidad defiende que la creación de mesas técnicas para determinados colectivos corresponde a las comunidades autónomas. El Comité lo niega y asegura que la creación de estas mesas requiere modificaciones previas de la legislación básica del Estado y posicionamientos de la Mesa General de Negociación «cuya competencia corresponde en exclusiva al ministerio».
Jornada, guardias y jubilación
En materia de jornada, Sanidad asegura que la jornada ordinaria de 35 horas ya está incorporada en el anteproyecto de ley del Estatuto Marco. También defiende que las horas de guardia realizadas por encima de la jornada ordinaria cuentan con un régimen retributivo específico en la propuesta del nuevo texto.
El Comité de Huelga sostiene, por el contrario, que el Ministerio «se ha negado a introducir en el texto la jornada semanal máxima obligatoria en 35 horas y a fijar retribuciones mínimas de la hora de guardia». Además, acusa a Sanidad de haber retirado mejoras planteadas en la negociación «como represalia por no alcanzar un acuerdo completo».
Sanidad defiende que la jornada ordinaria de 35 horas ya está incorporada en el anteproyecto del Estatuto Marco
La jubilación es otro de los puntos de fricción. El Ministerio afirma que toda la jornada laboral, ordinaria y extraordinaria, computa a efectos de jubilación y que las horas de guardia cotizan conforme al ordenamiento jurídico. Sanidad recuerda también que la jubilación anticipada no es materia de su competencia ni del Estatuto Marco.
Los sindicatos médicos responden que el Ministerio «tergiversa deliberadamente» su petición. Según el Comité, su reivindicación pasa por introducir coeficientes de corrección de la edad de jubilación basados en el exceso de jornada sostenido y estructural que soporta el colectivo.
El Comité reclama interlocutores con capacidad de acuerdo
Sanidad ha llevado al Consejo Interterritorial aspectos como el límite máximo de las guardias médicas, la jornada ordinaria de 35 horas, la mejora de la retribución de las guardias, la creación de mesas específicas de negociación, la adaptación de la clasificación profesional y la reducción progresiva de la jornada máxima semanal.
El Comité de Huelga considera que esta posición supone trasladar al CISNS la responsabilidad del fracaso de la negociación. A su juicio, representa una «elusión flagrante» de la responsabilidad negociadora del Ministerio. «Si quiere poner a las comunidades autónomas ante sus contradicciones, debe empezar por alcanzar un acuerdo con nuestro colectivo», reprochan los sindicatos.
Por todo ello, el Comité considera que la carta recibida por parte de Sanidad «sólo es un intento más para desviar la responsabilidad». Las organizaciones sindicales insisten en la necesidad de que el Gobierno nombre interlocutores «que sí tengan la capacidad para coordinar a los ministerios implicados» y poder alcanzar acuerdos que solucionen la situación actual.
