El proyecto de presupuesto del Departamento de Estado de Estados Unidos para el año fiscal 2027 introduce nuevas condiciones y restricciones a la asistencia destinada a Colombia, en un contexto de reconfiguración de la política exterior bajo prioridades de seguridad, migración y lucha contra el narcotráfico.
Actualmente se está discutiendo en la Cámara de Representantes la asignación de recursos no solamente para Colombia sino hacia el exterior en el año mencionado. En el caso colombiano, no hay una cifra concreta de asistencia financiera que se haya revelado por parte del Congreso.
Uno de los puntos centrales es que Washington exigirá un informe previo obligatorio antes de desembolsar fondos. El Secretario de Estado deberá detallar ante el Congreso el estado de la relación bilateral con el Gobierno colombiano y evaluar si sus políticas se alinean con los intereses estratégicos de Estados Unidos, como la reducción de la migración irregular, el fortalecimiento del Estado de derecho y la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la trata de personas.
Una tercera parte de los recursos podría no llegar a Colombia
Además, el presupuesto establece un mecanismo de presión directa sobre Bogotá. El 30% de los recursos asignados a programas de control de narcóticos y aplicación de la ley quedará condicionado, y solo podrá liberarse si se certifica que Colombia ha logrado reducir el cultivo de coca, la producción y el tráfico de drogas, mantiene la cooperación en operaciones conjuntas y continúa con los procesos de extradición hacia Estados Unidos.
El documento también delimita con claridad el uso de los recursos. Se prohíbe destinar fondos a pagos de reparación, subsidios agrarios en efectivo o compensaciones a excombatientes del acuerdo de paz de 2016, así como a programas de desarrollo alternativo en zonas donde persistan cultivos ilícitos. Estas restricciones marcan un giro hacia un enfoque más rígido en la asignación de la ayuda.
Los programas «intocables»
No obstante, se contemplan excepciones. Los recursos sí podrán utilizarse en programas de aviación, mantenimiento y seguridad marítima y fluvial, así como en operaciones de erradicación e interdicción de drogas, incluyendo el transporte de personal y suministros mediante aeronaves financiadas por Estados Unidos.
El plan también refuerza los mecanismos de control interno, destinando hasta un millón de dólares para que la oficina del Inspector General supervise el uso de los fondos y verifique el cumplimiento de las condiciones impuestas.
¿Cuáles son las prioridades el Gobierno Trump en el exterior?
En un marco más amplio, el presupuesto refleja las prioridades globales de la administración del presidente Donald Trump. Entre ellas destaca la creación del fondo America First Opportunity Fund, dotado con 5.000 millones de dólares para impulsar objetivos estratégicos como frenar la migración ilegal, asegurar cadenas de suministro de minerales críticos y contrarrestar la influencia de adversarios internacionales.
Asimismo, se proyectan casi 13.000 millones de dólares para fortalecer la producción y el acceso a minerales críticos, considerados clave para la seguridad nacional y la reindustrialización de Estados Unidos.
En materia de seguridad, el presupuesto contempla 1.200 millones de dólares para el programa de Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley, enfocado en combatir carteles y organizaciones criminales transnacionales y reforzar la cooperación judicial, incluyendo extradiciones.
A esto se suma una ambiciosa propuesta de financiamiento militar exterior. Se prevén 18.000 millones de dólares en capacidad de préstamos y 5.300 millones en asistencia directa, con el objetivo de consolidar a Estados Unidos como el principal socio global en materia de defensa.
