A diez meses de gestión del gobierno de Rodrigo Paz, la escasez de diésel volvió a poner a Santa Cruz al borde de la movilización. El Comité Pro Santa Cruz (CPSC) y sectores agropecuarios anunciaron una Asamblea de la Cruceñidad para el miércoles próximo. Rechazan el desabastecimiento y el Decreto Supremo 5676, que fijó un precio diferenciado de Bs 18 para los «grandes consumidores» de diésel. Energías & Negocios , de La Razón, consultó en exclusiva a Gary Rodríguez, economista y gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), sobre este y otros temas relacionados.
Se le preguntó sobre cómo distingue la legitimidad del reclamo del método de protesta, Rodríguez fue categórico. «Nadie en su sano juicio podría deslegitimar el reiterado reclamo del sector agroproductivo. Se trata de un sector estratégico de la economía y vital para la ciudadanía. En tanto y en cuanto tiene que ver con la producción de alimentos para la población boliviana. Muy especialmente cuando han pasado casi 10 meses de gestión gubernamental y no se ha cumplido con lo prometido», dijo. Y agregó que «el reclamo y la protesta hacen parte del derecho humano que tenemos los ciudadanos, a la libre expresión». Sobre el método, precisó que «el presidente de la CAO, Klaus Frerking, ha manifestado públicamente su disposición al diálogo y descartó recurrir al bloqueo. Pese a que los productores están ‘bloqueados’ por la falta de diésel que debía proveer YPFB».
Sin diésel en plena cosecha
El calendario agrícola explica medularmente la urgencia, más allá de cualquier lectura política. Santa Cruz está en plena campaña de cosecha y su agricultura no es la del productor campesino con picota y azadón. Es un sector ampliamente mecanizado, donde tractores, cosechadoras y camiones de carga dependen del diésel para operar. Sin esto, no hay cosecha y se rompe la cadena de la proteína, porque de los granos dependen los productores de leche, huevo, pollo y más.
Sobre el Decreto Supremo 5676, que fijó Bs 18 para grandes consumidores, la crítica de Rodríguez es fundamentada. «Una medida parcial no soluciona el fondo del problema, pero castiga al sector agropecuario, afectando a decenas de miles de pequeños productores que dan de comer al país y generan la mayor cantidad de empleos».
El gerente del IBCE enumeró las desventajas que ya arrastra el sector. «Se ha pasado por alto que Santa Cruz genera el 75% de la producción agrícola, sin tener seguridad jurídica (avasallamientos), sin permitirle el acceso pleno a la biotecnología… sin garantizar la libre exportación (fruto de su trabajo), además que debe competir con la ilegalidad del contrabando».
Luego, abordó más en detalle la medida. «El sinceramiento de precios es necesario pero su ejecución no ha sido la adecuada porque la diferencia entre el diésel con precio incrementado (Bs18) y el subvencionado (Bs9,8) lo único que hace es subir los costos y financiar el contrabando, sin que haya un abastecimiento normal porque las filas continúan por días».
Antes y ahora
La comparación entre los bloqueos de 2022 y los de este año fue uno de los pasajes más contundentes de la entrevista. «Durante el bloqueo del año 2022 se permitía que pasen los alimentos, los enfermos, los medicamentos y las ambulancias. A diferencia del bloqueo sufrido por 53 días entre mayo y junio de este año, que golpeó severamente a los productores que no pudieron sacar sus productos al mercado, concluir o iniciar sus cosechas, incluso, sembrar para la nueva campaña».
Y detalló el costo. «Las pérdidas para el sector exportador boliviano en su conjunto durante los 53 días de bloqueo superaron los 1.000 millones de dólares. A ello se sumaron los castigos por incumplimiento de contratos, pérdida de clientes y mercados, con repercusiones negativas incluso hasta después de levantarse los mismos». Advirtió que «de haber nuevos bloqueos se profundizaría el daño ya causado… ello debilita más la economía y deteriora la imagen de Bolivia en el exterior».
Frente al argumento oficial de que el problema es estructural y abrogar el decreto no cambiaría nada, Rodríguez respondió sin rodeos. «Lo dicho por el gobierno es una hipótesis, pero, lo que está comprobado es que el D.S. 5676 lo único que ha hecho es subir el precio del diésel… manteniendo la subvención para otros sectores —algo reclamado como discriminación por la CAO— además, dicha medida no ha solucionado el desabastecimiento».
En busca de soluciones
Argumenta que «continúa funcionando el ‘mercado negro’ de combustibles y el contrabando a países colindantes, gracias a la subvención y la corrupción, como ha sido denunciado». Reflexiona afirmando que «la solución a este problema estructural exige un cambio estructural. Se precisa una nueva Ley de Inversiones y una moderna Ley de Hidrocarburos para que la inversión extranjera se fije en nuestro país, con miras a volver a hacer exploración, producción de gas natural y petróleo».
Rodríguez remató citando una posición que el IBCE sostiene desde 2023. «La solución de corto plazo pasa por desregular el sector de hidrocarburos, que YPFB deje de monopolizar la comercialización e importación de combustibles. Hay que eliminar la subvención a los combustibles para evitar la corrupción y negociados. Se debe permitir la libre importación sin ningún tributo ni trabas».
En una mirada de más largo aliento sobre la crisis, el ejecutivo dijo que «de toda crisis, siempre puede surgir la oportunidad de hacer cosas nuevas y buenas, sobre la base de las lecciones aprendidas”. Su recomendación final es que “hay que pensar en el cambio de la matriz energética. Hay que promover una mayor producción y consumo de biocombustibles en el país, el uso de vehículos híbridos, eléctricos y a gas».
