La eliminación del subsidio al diésel no es un simple ajuste de precios. Es una decisión que recorrerá la economía boliviana como una onda expansiva: Encarecerá el transporte, elevará los costos de producción, presionará el precio de los alimentos y reducirá el poder adquisitivo de los hogares.
Bolivia importa cerca del 90 % del diésel y destinaba aproximadamente 55 millones de dólares semanales para sostener su precio. La medida está vinculada al programa respaldado por un crédito de 1.900 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional.
Conviene precisar la diferencia entre subsidio y subvención. La subvención suele ser una transferencia directa concedida a una persona, empresa, institución o proyecto. El subsidio actúa sobre el costo de un bien para que el consumidor pague menos que su valor económico. Aunque ambos términos pueden superponerse, como autor utilizo deliberadamente subsidio porque el Estado cubría la brecha entre el costo de importar el diésel y el precio regulado en el surtidor. No entregaba dinero al consumidor: Sostenía el precio final.
Eliminar ese mecanismo significa trasladar la diferencia a toda la cadena productiva. El agricultor pagará más por preparar la tierra y transportar su cosecha; el industrial soportará mayores costos logísticos; el comerciante remarcará precios; el transportista exigirá nuevas tarifas y la familia terminará pagando la factura en el mercado.
La Cruz de Keynes permite comprender la profundidad del golpe. El ingreso de equilibrio depende del consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. Cuando el combustible se encarece, disminuye el ingreso disponible real y las familias recortan su consumo. Al caer las ventas, las empresas reducen producción, inversión y empleo. La contracción inicial se multiplica en toda la economía.
Si la propensión marginal a consumir fuera de 0,80, el multiplicador keynesiano simple sería cinco. Una reducción inicial de Bs 100 en el gasto podría generar una caída acumulada de hasta Bs 500 en el ingreso de equilibrio, aunque impuestos, ahorro e importaciones atenúen el resultado. El combustible caro no solo provoca inflación: También puede fabricar recesión y profundizar la estanflación.
El golpe resulta más grave cuando el Salario Mínimo Nacional apenas alcanza Bs 3.300. Esa cifra se convierte en un salario paupérrimo frente al costo de alimentos, transporte, alquiler, medicamentos, educación y servicios básicos. Si los precios aumentan más rápido que el salario, el trabajador recibe más billetes, pero compra menos vida.
Mientras el pobre reduce su alimentación y posterga medicamentos, políticos intransparentes, indoctos y ávidos de poder continúan disfrutando del festín estatal. El ajuste parece inevitable cuando debe pagarlo el pueblo, pero se vuelve imposible al reducir privilegios, cargos políticos, viáticos, propaganda y burocracia improductiva.
Los incompetentes hacen más pobres a los pobres porque administran recursos que no comprenden, instituciones que no respetan y crisis que jamás pagan con su bolsillo. La institucionalidad se demuestra colocando profesionales idóneos, transparentando decisiones y respondiendo por los resultados.
El endeudamiento con el FMI puede comprar tiempo y liquidez, pero no reemplaza un modelo productivo. Si los recursos externos cubren déficits sin corregir ineficiencias, Bolivia terminará con más deuda y la misma debilidad estructural. El crédito debe financiar inversión, productividad, exportaciones y empleo.
Bolivia necesita un modelo mixto de economía y desarrollo. El Estado debe planificar, regular y proteger a los vulnerables; la empresa privada debe invertir, innovar y generar empleo. Modelo mixto no significa reparto político, sino cooperación entre Estado, mercado y comunidad bajo reglas claras.
Eliminar el subsidio puede ser fiscalmente necesario cuando alimenta contrabando, corrupción y despilfarro. Pero hacerlo sin gradualidad, compensaciones efectivas, apoyo productivo, control de tarifas y recuperación salarial significa cargar el ajuste sobre quienes menos tienen.
Bolivia no necesita gobernantes incompetentes, ni famélicos de dinero, poder y privilegios. Necesita estadistas preparados y honestos, capaces de integrar Estado, mercado y sociedad. Gobernar exige saber, austeridad y responsabilidad ante un pueblo que paga errores ajenos. Si el Gobierno apaga el subsidio, pero mantiene el festín político, encenderá una inflación más cruel, una recesión más profunda y una indignación social que ningún discurso sobre meritocracia podrá contener.
*Es Doctor en Economía y Posdoctor en Formación de Investigadores, director Regional Cbba. Contacto Económico, periodista acreditado APC – ANPB
