La Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026 entró oficialmente en vigencia tras su promulgación por el presidente Rodrigo Paz y su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.
La norma sustituye el presupuesto heredado de la anterior administración liderada por Luis Arce y establece nuevas directrices para el manejo de las finanzas públicas, entre ellas una evaluación integral de las empresas estatales que deberá completarse en un plazo de 30 días.
PGE
Uno de los aspectos centrales de la ley es la instrucción a la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), que deberá elaborar un diagnóstico técnico de todas las empresas públicas del nivel central del Estado y recomendar, según cada caso, su continuidad, reorganización, disolución o liquidación.
El plazo comenzó a correr desde la publicación de la norma, el 30 de julio, por lo que el informe deberá ser entregado al Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (COSEEP) antes de que concluya agosto.
La evaluación forma parte del proceso de reorganización del aparato estatal impulsado por el Gobierno, que busca revisar la sostenibilidad financiera y operativa de las empresas públicas creadas en los últimos años.
Empresas públicas
Según datos oficiales, al menos 15 empresas estatales se encuentran en quiebra técnica y acumulan pérdidas por Bs 3.637 millones. Entre ellas figuran la Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (Epcoro) y la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro).
En total, alrededor de 67 empresas públicas creadas durante las gestiones del Movimiento Al Socialismo (MAS) serán sometidas al proceso de evaluación para determinar si continúan operando bajo su actual estructura o requieren modificaciones.
La entrada en vigor del presupuesto reformulado también oficializa un nuevo escenario macroeconómico para la gestión 2026. El Gobierno proyecta un crecimiento económico inferior al 1%, una inflación cercana al 14% y un déficit fiscal equivalente al 9% del Producto Interno Bruto (PIB).
Reducción
Como parte de ese ajuste, la norma contempla una reducción de Bs 4.800 millones en la inversión pública y un recorte de Bs 4.100 millones en el gasto corriente, medidas que el Ejecutivo considera necesarias para reordenar las cuentas fiscales y priorizar áreas estratégicas.
Al mismo tiempo, el presupuesto autoriza la creación de más de 6.800 nuevos ítems en el sector público. Del total, 3.000 estarán destinados a educación para atender el déficit de personal docente, mientras que 2.355 se asignarán al sistema de salud.
Ítems
Asimismo, la ley habilita la incorporación de 1.512 nuevos ítems para las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, con el objetivo de fortalecer las tareas de seguridad y defensa del Estado.
Con la promulgación de la norma concluye el proceso legislativo del PGE Reformulado 2026 y comienza su aplicación, en una gestión marcada por el ajuste fiscal, la reorganización de las empresas estatales y la reasignación de recursos hacia sectores considerados prioritarios por el Gobierno.
