Si existen indicios graves —incluso evidencias— de que el fiscal general titular Roger Mariaca participó en hechos de corrupción vinculados al narcotráfico, debe ser investigado y, si corresponde, procesado. Ningún cargo ni fuero político debiera convertirse en un escudo para la impunidad.
La lucha contra la corrupción no puede justificarse mediante procedimientos arbitrarios. Sin embargo, si el propio sistema ha sido diseñado para hacer prácticamente imposible llevar ante la justicia a altas autoridades del Estado y los estándares internacionales obligan a los Estados a garantizar la justicia para todos en igualdad de condiciones, entonces tal vez podría existir un fundamento de fondo sólido en el bloque de constitucionalidad que justifique la eficacia de la justicia.
El diseño de ese sistema debiera permitir investigar, acusar y sancionar efectivamente a todos, incluyendo a las altas autoridades que gozan de un fuero político.
Si bien existen, por un lado, el debido proceso y el régimen especial de juzgamiento de las altas autoridades; por otro, también existe el deber estatal de investigar eficazmente hechos graves de corrupción y criminalidad, sin privilegios indebidos. Habría, entonces, una tensión entre el debido proceso, el régimen especial y el deber estatal de investigar eficazmente.
Dado que en Bolivia “el Estado garantiza el derecho al debido proceso” (CPE, art. 115.II), lo que debe hacerse es que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) adecúe los procedimientos de modo que la justicia sea eficaz y no permita la impunidad en el juzgamiento de las altas autoridades del Estado, para que así no se tenga que vulnerar el debido proceso.
Si no se hace eso, los procesados sin cumplir con el debido proceso terminarán ganando el caso en la justicia constitucional y, si no, en la internacional, como muy probablemente suceda con Mariaca.
Aunque en el caso de Mariaca la cuestión jurídica no es si este debe ser investigado, sino bajo qué régimen debe ser investigado. Si los hechos atribuidos fueron cometidos en ejercicio de sus funciones, corresponde determinar la aplicación del régimen especial previsto por la Ley 044. Pero si se trata de delitos comunes ajenos a su función, su juzgamiento corresponde a la jurisdicción ordinaria.
Entretanto, no sería aceptable que el Estado actúe vulnerando el debido proceso para darle eficacia a la justicia cuando el investigado es un adversario del Gobierno y con extrema cautela cuando la investigación alcanza a funcionarios o personas cercanas a este. Si la justicia se utiliza selectivamente, deja de ser justicia y se convierte en un instrumento político.
Entre esa eficacia práctica para someter a la justicia a los sospechosos de corrupción ligados al narcotráfico, es una buena medida que la Asamblea Legislativa Plurinacional haya designado a un fiscal general interino.
En una situación en la que se investiga al titular y a su entorno, resulta, además, razonable que la nueva conducción evalúe la permanencia de los fiscales departamentales y superiores. Mejor aún, si como algunos proponen, los fiscales departamentales titulares sean seleccionados y designados por las asambleas legislativas departamentales por un periodo fijo, de manera similar a como con el fiscal general.
Pero eso no debe significar que se permita sustituirlos por razones políticas. Cada cambio debe responder a criterios de integridad, independencia y capacidad profesional. En especial en este contexto crítico donde el Ministerio Público necesita mostrar credibilidad.
Por eso, que el nuevo fiscal interino haya participado en un acto de supuesto reconocimiento por parte del Gobierno en el Palacio Quemado genera susceptibilidad. Aunque haya sido solamente una ceremonia, simbólicamente manda un mensaje.
El nuevo fiscal debe empezar su función mostrando independencia frente al Órgano Ejecutivo. Su asistencia a ese acto puede dar a pensar que está yendo a mostrar su lealtad al presidente del Estado.
Indistintamente de las impresiones que deja, finalmente se sabrá si José Urioste es efectivamente un fiscal independiente o un operador político del gobierno, con el comportamiento que el Ministerio Público tenga en las investigaciones. En especial con el caso Cerimedo.
Su independencia se demostrará investigando con la misma intensidad a quienes estén dentro y fuera del poder. Si aparecen elementos contra personas vinculadas al Gobierno, tendrían que ser investigadas. Si no existen, debería explicarse jurídica y convincentemente por qué.
La pregunta que la ciudadanía seguramente se ha estado haciendo es: ¿la nueva Fiscalía investigará al poder, incluso cuando esto involucre a personas del Gobierno y a los familiares del presidente, o solo perseguirá a los rivales de estos?
La respuesta estará en los expedientes, las imputaciones, los sobreseimientos y las acusaciones que se produzcan durante los próximos meses, no en los discursos.
