El gobierno de Paz busca con urgencia la aprobación legislativa de un crédito con el FMI. El proyecto de ley, resumido en apenas cuatro páginas y media, no revela el verdadero costo financiero para el Estado ni las implicancias económicas y sociales que conlleva.
Algunos parlamentarios sostienen que se trata de recursos baratos, de libre disponibilidad y sin condicionalidades macroeconómicas. Para establecer qué tan conveniente sería este préstamo, invito a diputados y senadores a sacar sus calculadoras y hacer números.
El primer argumento en contra es su excesivo costo financiero y la falta de transparencia. La tasa de interés base negociada es del 3,479 %, que incluye una tasa de mercado del 2,88 % y un margen del 0,6 % para el FMI. A esto se añade una sobretasa del 2 % para países cuyo crédito triplica su cuota de participación —Bolivia lo hace en 5,7 veces—, llevando la tasa efectiva al 5,5 %. Deben sumarse además cargos del 0,5 % por cada desembolso y 0,3 % sobre el saldo disponible no desembolsado. En conjunto, el costo financiero se acerca al 6,28 % y representa unos USD 2.500 millones, un 32 % más del crédito anunciado, de los cuales más de USD 600 millones son intereses.
El crédito del FMI sería el segundo más caro entre los organismos multilaterales, solo detrás de Fonplata (6,9 %), y el tercero más oneroso de toda la deuda externa, encabezada por los bonos soberanos emitidos por el gobierno de Paz a un promedio del 9,5 %. Además, el artículo 322 de la Constitución exige negociar créditos en las condiciones más ventajosas para el país y establece que ninguna obligación financiera puede contraerse sin autorización expresa de la Asamblea. Que el proyecto no explicite la información financiera completa del crédito contradice este principio. Bolivia necesita recursos, pero también transparencia en el manejo de su deuda.
La segunda objeción es que los recursos no son de libre disponibilidad, como se ha hecho creer. Las autoridades han asegurado que no serán destinados a comprar combustibles ni a estabilizar el tipo de cambio. Si ese es el caso, resulta imprescindible saber para qué se necesita realmente el crédito, porque si el gobierno no puede utilizarlo para atender lo que más preocupa a la población, su justificación se vuelve difusa.
La tercera razón, y quizás la más relevante, es que el FMI nunca presta sin condicionalidades, aunque el gobierno insista en lo contrario. En Desafiando a la globalización, Jim Shultz relata cómo en 2003 el FMI presionó al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada para alcanzar una meta de reducción fiscal del 5,5 % del PIB, pese a las advertencias sobre su inviabilidad y el riesgo de convulsión social. El intento de establecer un impuesto al salario provocó la crisis de “Febrero Negro”, con 34 muertos y más de un centenar de heridos. A 23 años de aquel episodio, Bolivia parece dispuesta a convertirse nuevamente en laboratorio de las políticas fondo-monetaristas.
La cuarta razón es que el endeudamiento con el FMI genera un círculo vicioso del que es difícil salir. Entre 1986 y 2001, Bolivia recibió unos USD 350 millones del Fondo que nunca logró pagar en su totalidad. Posteriormente gestionó la condonación de su deuda mediante el programa HIPC, cuyos requisitos incluían haber suscrito programas de reformas estructurales patrocinados por el FMI. Algunos economistas neoliberales se atribuyen la gestión de ese alivio sin mencionar que fueron sus gobiernos quienes primero sobreendeudaron al país. ¡Qué ironía!
Finalmente, las recetas del FMI no funcionaron en el pasado y no hay razón para pensar que lo harán ahora. En 1998, Bolivia firmó un acuerdo que proyectaba elevar el crecimiento del 4,5 % al 6 % en 2001, aumentar las reservas y controlar el déficit de cuenta corriente. Según el libro, Bolivia cumplió las exigencias, pero los resultados fueron adversos. Si esas políticas fracasaron entonces, ¿qué evidencia existe de que esta vez será diferente? ¿Vale la pena asumir nuevamente el costo financiero, económico y social de un acuerdo de esta naturaleza?
Los asambleístas tienen hoy la responsabilidad de aprender de esa historia. Endeudarse con el Fondo no es una decisión inevitable ni un destino al que Bolivia esté condenada: es una decisión política cuyas consecuencias, tarde o temprano, la población les demandará.
