El 29 de junio, Bolivia adoptó un nuevo régimen cambiario que el gobierno le ha denominado flexible. Esta decisión está respaldada en la RM N° 245/2026 del Ministerio de Economía (MEFP) que no sólo se limitó a fijar objetivos de política cambiaria —como le faculta el artículo 326 de la Constitución—, sino que creó un nuevo instrumento e instruyó al BCB su implementación. Sin embargo, esta medida genera cuestionamientos, dudas y preocupaciones que son necesarias analizar.
La Ley N° 1670 establece que la «única autoridad monetaria y cambiaria» en el país es el BCB y su Directorio, responsable de «establecer el régimen cambiario» (Art. 19). Al imponer una orden vinculante, el Ejecutivo no solo evidenció la falta de independencia del Banco Central, sino que incurrió en una usurpación de funciones que vicia de inconstitucionalidad todo el proceso. La justificación técnica para su proceder tampoco emanó de las gerencias del BCB, sino que provino de una dependencia del MEFP de estudios fiscales sin competencia para definir política cambiaria. En suma, se trata de una extralimitación de competencias que le resta legitimidad a la devaluación oficial realizada.
El nuevo régimen, resumido en siete artículos y un anexo, nace con un velo de opacidad que alimenta la incertidumbre. La metodología del tipo de cambio oficial (TCO) es objetable por varios motivos: se basa solo en operaciones de compra, omitiendo las de venta; no fija un volumen mínimo de transacciones ni mecanismos contra la manipulación; las bandas y el fondo de estabilización prometido no figuran en la norma; y existe el riesgo de cambios unilaterales a la fórmula como ya ocurrió antes. A ello se suma la desaparición de las series históricas del dólar referencial, que contradice el discurso de transparencia. La falta de reglas claras y la poca información sobre la flexibilidad cambiaria puede convertirse en una fuente de inestabilidad por sí misma.
El gobierno aseguró que la unificación no tendría impacto inflacionario porque la mayoría de las transacciones ya se realizaban al tipo de cambio paralelo, pero omitió el devastador efecto sobre las transacciones públicas. El D.S. N° 5516 indexa los combustibles al TCO, por lo que la subida del dólar implica un ajuste automático en su precio, es solo cuestión de tiempo. Paralelamente, la devaluación encarece los aranceles: un gravamen del 5% equivale al 7% y uno del 40% al 56%, desincentivando la formalización, empujando a la informalidad y con un inminente traspaso a los precios de la canasta familiar. El impacto se extiende a deudores en dólares, anticréticos, alquileres indexados, convirtiendo la medida en una transferencia de riqueza de los sectores populares hacia los sectores que poseen divisas.
Este esquema cambiario no deja de ser una medida apresurada ante la amenaza de nuevos conflictos sociales y los condicionamientos para futuros préstamos externos ya negociados. Esta es apuesta arriesgada porque no cuenta con el suficiente colchón financiero para aplicarla. Actualmente, las RIN se encuentran en USD 3.774 millones, pero descontando las reservas en oro -que no se pueden convertir en divisas- y la deuda con proveedores de combustibles -en cerca de USD 500 millones- la disponibilidad de dólares llega a USD 212 millones, un monto apenas suficiente para cubrir una semana de operaciones cambiarias en caso que generarse la necesidad de intervención. El gobierno prometió en campaña crear un Fondo de Estabilización con los recursos del endeudamiento, pero en estos 8 meses las reservas casi no sean incrementado a pesar de la llegada masiva de dólares vía endeudamiento. Sin respaldo financiero, la política cambiaria se convierte en un acto de fe.
En su primer día de flotación, la moneda nacional se ha devaluado en 3 centavos, un monto insignificante pero cuya señal de tendencia no ha cambiado. Aunque la brecha cambiaria se redujo temporalmente del 40% al 2% frente al «dólar virtual», la falta de medidas correctivas a la escasez de divisas podría reabrir esta brecha.
El mercado de divisas muestra una estructura oligopsónica: el 88,6% del monto total transado se concentró en apenas cuatro bancos, y solo el 16% de los montos se realizaron al TCO, mientras que el grueso se pactó por encima. En cambio, en número de operaciones, la mayoría (87%) se pactó un precio por debajo del TCO pero que sólo significó 7% del volumen transado. La distribución de precios revela que los bancos con mayor poder de mercado marcan el ritmo de la variación cambiaria.
Ceder la definición del tipo de cambio a banqueros y exportadores no garantiza estabilidad de la moneda, sino rentabilidad para quienes pueden negociarla, mientras el ciudadano común enfrenta un futuro encarecimiento de su costo de vida en un mercado que promete ser todo menos competitivo.
