Gonzalo Muñoz, funcionario de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), presentó este jueves una denuncia penal contra la exdirectora de esa institución, Daniela Quiroga, por el presunto delito de discriminación.
El denunciante explicó que decidió acudir a la Fiscalía después de que Quiroga se refiriera a su persona en entrevistas recientes, con alusiones a su condición física y a la posibilidad de que buscara acogerse a la inamovilidad laboral por su discapacidad.
“Esto es una denuncia por el tema de que ella no puede pisar, discriminar a las personas que andamos o tenemos algún impedimento físico”, declaró Muñoz ante los medios de comunicación.
Según relató, la exdirectora habría mencionado que un hombre se presentó con bastón y que, por sus condiciones físicas, no podría trabajar bajo su dirección porque supuestamente buscaría beneficiarse de la inamovilidad funcionaria.
“Han debido ver ustedes, donde claramente dice que ha ido un señor, dice, prepotente y con bastón y que una persona con esas condiciones no podría trabajar con ella porque estaría buscando, yo, la inadmisibilidad funcional”, sostuvo.
Muñoz indicó que sufrió un accidente que le dejó una limitación física, pero aseguró que esa condición no afecta su preparación profesional ni su capacidad para desempeñar funciones. Se identificó como contador, con más de 20 años de experiencia y especializaciones académicas.
“No es posible que una persona, en su momento autoridad, discrimine”, manifestó, al defender su derecho a acceder a un puesto laboral en igualdad de condiciones.
El funcionario también explicó que presentó su hoja de vida en distintas instituciones públicas y privadas, hasta que recibió una convocatoria de la AISEM. Afirmó que pasó por entrevistas con dos personas para acceder a un cargo.
Asimismo, señaló que no conoce personalmente a los diputados Claudia Bilbao y Alejandro Medinaceli, mencionados en las denuncias por presuntas presiones para contratar personal en la entidad.
La denuncia contra Quiroga se suma a las acciones judiciales derivadas de la controversia por los audios difundidos sobre supuestas recomendaciones y exigencias de contratación en la AISEM. Las acusaciones deberán ser investigadas por el Ministerio Público.
