En Bolivia, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) presenta una particularidad que no debería pasar inadvertida. Además de organizar, administrar y computar los procesos electorales, también resuelve las controversias que surgen de sus propias decisiones. Es decir, el mismo órgano que administra las elecciones termina actuando como juez de los reclamos contra sus actos. Este diseño institucional plantea un problema de imparcialidad, debido proceso y separación de funciones que es necesario corregir.
Para entenderlo, basta comparar la administración de justicia electoral con la justicia ordinaria. Cuando una persona considera que una entidad pública ha vulnerado sus derechos mediante una decisión administrativa, puede impugnarla ante la misma instancia (recurso de revocatoria) y, posteriormente, acudir a la instancia superior (recurso jerárquico). Si, agotada esa vía, el afectado considera que persiste la injusticia, puede recurrir al Órgano Judicial mediante el proceso llamado contencioso-administrativo. Existe, por tanto, un control judicial externo sobre las decisiones de la administración pública.
En materia electoral, sin embargo, esto no ocurre. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los tribunales electorales departamentales (TED) organizan y administran los procesos, emiten las decisiones correspondientes y, al mismo tiempo, resuelven las impugnaciones contra ellas. En determinados casos, incluso el propio TSE conoce las controversias en única instancia. No existe una jurisdicción ordinaria especializada que revise externamente la legalidad de sus resoluciones.
El problema de la justicia electoral
Esa concentración de funciones genera varios problemas. Primero, compromete la imparcialidad, porque la autoridad administrativa termina juzgando sus propios actos. Segundo, debilita la garantía de la doble instancia, especialmente en controversias de alcance nacional. Tercero, deja a los actores políticos sin un mecanismo ordinario de control judicial, lo que ha provocado que recurran directamente al amparo constitucional. Así, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) termina convirtiéndose, en la práctica, en una suerte de tercera instancia electoral, desnaturalizando su función de control constitucional.
A esto se suma otro problema: la aplicación absoluta del principio de preclusión. Si bien este principio es indispensable para garantizar la continuidad y certeza de los procesos electorales, no puede convertirse en un mecanismo para blindar decisiones arbitrarias ni para dejar sin protección los derechos políticos. La celeridad electoral y la tutela efectiva de derechos no son propósitos incompatibles. Solo se requiere diseñar procedimientos que permitan garantizar ambas cosas.
La propuesta de reforma
La solución a ese problema no implica una complejidad difícil de aplicar, sino sencilla. Solo se debe separar la justicia electoral en los tres ámbitos que manda la doctrina: administrativo, jurisdiccional y constitucional.
Primero, una sede administrativa electoral a cargo del OEP. Este, conservando su condición de cuarto órgano y su autonomía, debe mantener la responsabilidad exclusiva de organizar, administrar, computar y proclamar los resultados de los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato. También debe seguir resolviendo las controversias electorales que surjan de su actividad administrativa, en su fase inicial, solo que ya sin asumir funciones jurisdiccionales.
Para ello, debe garantizarse la doble instancia administrativa. En las elecciones subnacionales, los TED resolverían los recursos de revocatoria y el TSE los recursos jerárquicos. En las controversias de alcance nacional, donde corresponde al TSE conocer directamente los casos, deberían conformarse salas especializadas para que estas resuelvan en primera instancia y la Sala Plena conozca la impugnación en segunda instancia.
Una estructura de Justicia independiente
Segundo, una jurisdicción electoral especializada dentro del Órgano Judicial (idea central de la reforma). Esto implica crear una estructura jurisdiccional independiente que funcione cuando existan procesos o controversias electorales y que también atienda los casos de acoso y violencia política contra las mujeres.
Su función sería ejercer el control judicial de legalidad sobre las resoluciones definitivas del OEP y juzgar los delitos electorales conforme a las garantías del proceso penal. Esa estructura estaría conformada por juzgados electorales de primera instancia, salas electorales en los tribunales departamentales de justicia (para la apelación) y una sala especializada en el Tribunal Supremo de Justicia como máxima instancia de casación y unificación jurisprudencial.
Tercero, el control constitucional de cierre. El TCP debe conservar su función de máximo guardián de la Constitución, pero su intervención en controversias electorales debe sujetarse a reglas estrictas de subsidiariedad. El amparo constitucional electoral tendría que proceder cuando existan vulneraciones graves de derechos fundamentales que no hayan podido ser reparadas por la jurisdicción especializada.
Aplicación de la preclusión electoral
Ahora bien, separar esas funciones no significa que se deba desconocer las particularidades de los procesos electorales. La preclusión debe mantenerse, pero aplicarse de manera razonable. Para ello, cada etapa del calendario electoral debe tener un periodo propio, sin superposición, que incluya el tiempo necesario para presentar y resolver las impugnaciones. Agotado ese plazo, debe cerrarse la etapa y continuar el proceso. Las controversias complejas que no puedan resolverse dentro del calendario deberían proseguir paralelamente, sin paralizar las elecciones ni permitir una reincorporación tardía a la carrera electoral, sino solo garantizando el resarcimiento que corresponda si se concluye que su retiro fue arbitrario.
Esta reforma requiere ajustes puntuales a la Constitución y a las leyes que regulan el OEP y el régimen electoral. En especial, necesita un Código de Justicia Electoral. Bolivia debe dejar de tener disposiciones sustantivas y procesales dispersas en distintas leyes. En su lugar, debe reunirlas en un solo cuerpo normativo que regule la nueva jurisdicción, las atribuciones de cada instancia, los recursos y sus plazos, las faltas y los delitos electorales, las garantías del debido proceso y los procedimientos especiales para elecciones, referendos y revocatorias de mandato, además de respetar la democracia comunitaria y la jurisdicción indígena. También debe asegurar reglas claras sobre la legitimación para reclamar y los mecanismos efectivos de protección de los derechos políticos.
Acción de repetición necesaria
Finalmente, es imprescindible prevenir la corrupción y la instrumentalización política de la justicia electoral. Para eso, la reforma debe asegurar mecanismos eficaces de responsabilidad y la acción de repetición contra las autoridades que, mediante decisiones contrarias a los derechos políticos, ocasionen daños que posteriormente el Estado deba resarcir. Esto ayudaría a que los vocales y jueces electorales no se presten a aceptar fácilmente beneficios a cambio de resoluciones en favor de los rivales de la contienda electoral.
Propósito de la propuesta
El propósito no es quitarle atribuciones al Órgano Electoral ni debilitar su autonomía. Es evitar que esa autonomía se confunda con ausencia de controles. Un árbitro electoral necesita independencia para organizar las elecciones, pero también necesita que sus decisiones puedan ser revisadas por una autoridad jurisdiccional igualmente independiente.
La separación de funciones administrativas y jurisdiccionales incluso ayudaría a que no sea tan fácil para el gobierno en funciones cooptar en su beneficio a los decisores de la justicia electoral para sacar de la carrera electoral a sus rivales, como ocurrió en las elecciones generales y subnacionales recientes.
