Bolivia enfrenta un cambio estructural en su sector energético: actualmente importa el 95% del diésel y el 60% de la gasolina que demanda el mercado interno, mientras la producción nacional de hidrocarburos líquidos acumula una caída del 63% desde 2015.
El dato lo destacó la Fundación Jubileo, que considera que esta transformación explica buena parte de la actual crisis de abastecimiento y convierte en insostenible el mantenimiento de un esquema de combustibles subvencionados sin focalización.
Para la institución, el problema dejó de ser únicamente fiscal. La creciente dependencia de las importaciones también aumenta la necesidad de contar con dólares para comprar carburantes en el exterior, en un momento en que las divisas son escasas en la economía boliviana.
Vea: Ministro Blanco aclara que diésel a Bs 18 alcanza a grandes consumidores y no al transporte
Diésel
Jubileo sostiene que Bolivia pasó, en los últimos años, de depender principalmente de su producción hidrocarburífera a convertirse en un importador neto de combustibles.
La caída de la producción nacional de líquidos, iniciada en 2015, redujo la capacidad del país para cubrir su propia demanda. Como consecuencia, la importación adquirió un peso cada vez mayor en el abastecimiento interno.
Actualmente, de cada 100 litros de diésel consumidos en Bolivia, aproximadamente 95 deben ser adquiridos del exterior. En el caso de la gasolina, la dependencia alcanza a seis de cada diez litros.
Este escenario expone al país a las variaciones de los precios internacionales y, al mismo tiempo, obliga al Estado y a los importadores privados a disponer de dólares para garantizar el suministro.
El costo
Según Jubileo, mantener durante aproximadamente 20 años precios fijos y subvencionados generó una distorsión creciente entre el costo de importar los combustibles y el precio al que se comercializan internamente.
La institución recuerda que el primer intento de corregir esta política ocurrió en diciembre de 2010, cuando el Gobierno de entonces intentó elevar los precios, pero tuvo que retroceder ante el rechazo social.
A criterio de Jubileo, la falta de ajustes graduales terminó postergando un problema que ahora resulta mucho más difícil de resolver.
La subvención, además, dejó de beneficiar exclusivamente a los consumidores nacionales. La diferencia entre el precio interno y el valor de los carburantes en países vecinos creó un incentivo para el contrabando y la reventa, convirtiendo parte de los recursos públicos destinados al subsidio en una fuente de ganancias para mercados ilegales.
DS 5676
En este contexto, Jubileo considera que el Decreto Supremo 5676 representa un paso hacia la eliminación progresiva de la brecha entre el precio interno y el costo real del combustible.
La norma establece un precio temporal de Bs 18 por litro de diésel para usuarios directos y grandes consumidores, mientras el Gobierno prepara una metodología para establecer un precio referenciado al mercado internacional.
La Fundación considera que vincular el precio con las condiciones internacionales puede generar incentivos para que empresas privadas participen en la importación y comercialización de combustibles.
Sin embargo, identifica un riesgo: mientras los grandes consumidores paguen un precio de mercado, otros usuarios continuarán accediendo al diésel subvencionado a Bs 9,80, lo que podría mantener los incentivos para la reventa y el contrabando.
El ajuste
Para Jubileo, el sinceramiento de los precios es necesario, pero no puede reducirse a una modificación del precio del litro de combustible.
La institución advierte que el encarecimiento de los carburantes puede trasladarse al transporte, la producción y finalmente a los precios de bienes y servicios. Por ello, plantea que el ajuste sea acompañado simultáneamente por políticas sociales focalizadas en los hogares más vulnerables.
La recomendación es que el Estado utilice instrumentos fiscales, tributarios y sociales para amortiguar el impacto, en lugar de mantener precios artificialmente bajos que, según Jubileo, terminan incentivando el contrabando.
El debate de fondo, por tanto, ya no gira únicamente en torno a cuánto cuesta el diésel, sino a cómo financiar el abastecimiento de un país que dejó de producir la mayor parte del combustible que consume y cómo realizar la transición hacia precios reales sin profundizar la vulnerabilidad de los hogares de menores ingresos.
Para Jubileo, el desafío es corregir una distorsión acumulada durante dos décadas sin repetir el error de postergar nuevamente las decisiones estructurales.
