Luego de una audiencia de más de cinco horas, la Justicia determinó la extinción de la acción penal en el denominado caso Golpe I y ordenó archivar los obrados, con lo que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, queda sobreseído.
Según la información brindada por Martín Camacho, abogado del gobernador, el Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz asumió la decisión.
“Se había solicitado a través de un memorial la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso. El día de hoy (viernes) se instaló la audiencia y hace pocos minutos el tribunal de sentencia declaró fundada la excepción, y además ordenó el archivo de obrados dentro de lo que se denominó el caso Golpe I”, informó el abogado.
Asimismo, explicó que en diciembre se presentó una excepción de extinción por duración máxima del proceso, previsto en la Ley 1970. Esa norma establece que ningún proceso penal puede durar por más de tres años desde el primer acto procesal.
“Nosotros hemos demostrado con fundamentos jurídicos, con pruebas y con argumentación técnica, además que este proceso tiene más de cinco años y por lo tanto estuviera superabundantemente vencido el término de duración de un proceso penal”, agregó el jurista.
Con la conclusión del proceso y la orden de archivo de obrados, se levanta cualquier medida que se encuentre en contra del gobernador Luis Fernando Camacho.
Lea más: Programan para este viernes la audiencia de solicitud de extinción del caso Golpe I
Camacho
El proceso contra el gobernador cruceño se inició el 4 de diciembre de 2020 y al 4 de diciembre de 2025, ya habían transcurrido cinco años.
El abogado informó que el Ministerio Público presentó un recurso de apelación incidental.
El proceso investigaba los hechos vinculados a la crisis política de 2019, cuando Evo Morales renunció a la presidencia en medio de denuncias de fraude electoral y movilizaciones sociales.
A denuncia de la exdiputada Lidia Patty, imputaron al gobernador Luis Fernando Camacho por los delitos de terrorismo, seducción de tropas, cohecho activo y asociación delictuosa, debido a su rol como presidente del Comité Cívico de Santa Cruz.
El juicio también incluía a Marco Pumari, exlíder cívico de Potosí, y en su momento a la expresidenta Jeanine Áñez, quien quedó apartada en 2024 tras ser juzgada en otro proceso paralelo, conocido como ‘Golpe II’, cuya sentencia luego quedó anulada.
