El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, cuestionó el ultimátum planteado por el expresidente Evo Morales para abrogar decretos que considera “neoliberales”.
Advirtió que ninguna autoridad o dirigente puede situarse por encima de la ley, independientemente de su trayectoria política o capacidad de movilización.
La autoridad, consultada por Unitel, aseguró: «Nadie, por haber sido presidente o por tener capacidad de movilización, está por encima de la ley”.
Así, se refirió al ultimátum que dio el ampliado de Evo Pueblo la tarde del sábado, donde las organizaciones sociales afindes a Morales dieron plazo hasta el 3 de octubre para que el Gobierno abrogue el decreto 5716, que eliminó la subvención al diésel y la norma que establece como prioritaria la reorganización, disolución y/o liquidación de empresas públicas.
El expresidente advirtió que, si sus demandas no son atendidas, se activarían movilizaciones desde el 13 de octubre. “Si no es de a buenas va a ser de a malas”, afirmó.
Al respecto, Justiniano sostuvo que el expresidente tiene derecho a cuestionar las decisiones del Gobierno y convocar a movilizaciones pacíficas, siempre que estas se desarrollen dentro del marco legal. Sin embargo, cuestionó que pretenda imponer sus posiciones mediante amenazas, ultimátums o bloqueos.
Ante esa advertencia, Justiniano sostuvo que las diferencias políticas deben resolverse por las vías institucionales.
“Las diferencias políticas se resuelven dentro de la democracia y de la ley, no bajo la advertencia de que ‘si no es de buenas será de malas’”, manifestó.
La autoridad también recordó que existen órdenes de aprehensión vigentes contra Morales y señaló que corresponde al expresidente presentarse ante la Justicia para ejercer su defensa, bajo las garantías establecidas por la Constitución.
“Y si hoy quiere hablar de cumplimiento de la ley, debería comenzar por cumplirla él mismo”, señaló Justiniano.
El ministro afirmó finalmente que el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de diálogo con los distintos sectores, aunque remarcó que también tiene la responsabilidad de garantizar la libre circulación, el abastecimiento y los derechos de la población.
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