A tiempo de reiterar la predisposición permanente al diálogo con el consorcio La Paz Limpia, el Gobierno Municipal de La Paz demandó a la empresa respetar a la ciudad, cumplir las obligaciones establecidas en el contrato y retomar de inmediato el servicio de recojo de residuos sólidos, cuya suspensión afecta a la salud pública y la calidad de vida de los paceños.
La administración municipal señaló que, en reiteradas oportunidades, abrió espacios de diálogo. Mostró voluntad para alcanzar acuerdos. Sin embargo, cuando se tenía un acta lista para su suscripción, los representantes de las empresas se negaron a firmarla. Pues, plantearon nuevas condiciones que, según el municipio, exceden el alcance establecido por el Decreto Supremo vigente para la actualización de los pagos a las empresas de aseo.
El alcalde César Dockweiler explicó que ya realizó los cálculos correspondientes al incremento asociado al costo de los combustibles. Y, adicionalmente, en enero hubo un ajuste superior al 15% vinculado a la actualización tarifaria de las UFV.
“Lo que sí queremos es que las empresas respeten a la ciudad, cumplan con su contrato, con las leyes, con la Constitución. No detengan la limpieza en la ciudad. A ellos les interesa más dinero. Ya ha habido el ajuste en enero de más de un 15% por el ajuste tarifario de las UFV y ya hemos trabajado en el ajuste por el tema del diésel, como lo señala el Decreto Supremo”, afirmó el alcalde.
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
La autoridad sostuvo que la paralización del servicio representa un incumplimiento contractual que genera un impacto directo sobre la población. No obstante, aseguró que el Gobierno Municipal está tomando las medidas necesarias para garantizar la limpieza de la ciudad y proteger la salud pública.
Explicó que el municipio trabaja para sustituir, de manera progresiva, las labores que corresponden a las empresas privadas, mediante el despliegue de personal y equipos municipales. Esta medida busca evitar que la acumulación de residuos continúe afectando a los vecinos mientras se espera una reconsideración por parte de las empresas.
Asimismo, señaló que existe la posibilidad legal de rescindir los contratos si persiste el incumplimiento, aunque aclaró que esa no es la intención de la Alcaldía.
“Siempre hay la posibilidad de llegar a una rescisión de contratos. El propio Decreto Supremo que nos dice que tenemos que subir o ajustar los precios también menciona que se puede rescindir el contrato. Pero no es nuestra intencionalidad de ninguna manera. No estamos buscando romper con las empresas porque eso sería darle un marco negativo a la seguridad jurídica”, precisó.
Aseguró que el Gobierno Municipal ha cumplido con las acciones que legalmente le corresponden y que actualmente se desarrollan los procedimientos administrativos para documentar y sancionar los incumplimientos contractuales.
ESTRATEGIA MUNICIPAL
El alcalde explicó que la estrategia municipal se concentra en tres frentes: preservar la salud de los vecinos, proteger la economía de las familias y activar todas las acciones legales disponibles para resolver el conflicto.
En segundo lugar, advirtió que aceptar las pretensiones económicas de las empresas implicaría un eventual incremento de la tasa de aseo urbano que tendría que ser asumido por los ciudadanos.
“Tenemos que proteger su bolsillo, porque incrementar, ajustar lo que ellos quieren, subirle el precio, significa ajustar la tasa de aseo urbano. Los vecinos nos han dicho que no están en condiciones de poder pagar más dinero”, sostuvo.
Como tercer elemento, informó que el Gobierno Municipal activó las acciones jurisdiccionales que considera necesarias, entre ellas actuaciones ante el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público, además de otros mecanismos legales.
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En ese marco, el municipio anunció que continuará documentando los incumplimientos mediante los procedimientos administrativos correspondientes. Las notificaciones son emitidas a través del Sistema de Regulación Municipal (Siremu), donde se registran las faltas identificadas y las sanciones que correspondan.
