¡Qué país tan extraordinario el nuestro! Aquí algunos funcionarios públicos parecen descubrir el secreto de la prosperidad económica apenas reciben un nombramiento. Y, curiosamente, alrededor de ciertos cargos florecen negocios, amistades, parentescos y una generosidad social digna de los grandes filántropos.
¡Qué manera de progresar!… Lo de Mariaca y los demás investigados ya no debería sorprendernos solamente por los millones encontrados. Primero una ambulancia transportando dinero. Después dólares en cajas de zapatos. ¡La justicia boliviana parece haber descubierto un sistema bancario que no necesita bancos!
Pero lo verdaderamente interesante no está dentro de las cajas. Está alrededor. Porque en Bolivia el poder rara vez se disfruta en soledad. Siempre hay un hermano disponible, un sobrino emprendedor, un cuñado con talento empresarial, un compadre influyente y algún amigo dispuesto a colaborar.
Y si todavía queda presupuesto para la vida social, aparecen las comparsas, las fraternidades, los equipos de fútbol, las casacas regaladas y los carnavales inolvidables. ¡Qué maravilla de solidaridad!
La pregunta incómoda no es si tener familiares constituye un delito. Evidentemente no lo es. La pregunta es cuándo una relación familiar o una amistad deja de ser un vínculo personal y comienza a funcionar como mecanismo de influencia, protección o enriquecimiento.
Porque ya conocemos esa vieja costumbre boliviana de confundir lo público con lo privado y lo institucional con lo familiar. Algunos parecen creer que al recibir un cargo también reciben una empresa para administrar entre allegados.
Y cuando aparecen fortunas cuyo origen se investiga, surge otra curiosidad: ¿quiénes compartieron los beneficios?, ¿quiénes facilitaron operaciones?, ¿quiénes conocían los movimientos patrimoniales?, ¿quiénes prefirieron no hacer preguntas? ¡Qué fácil resulta hacerse el desentendido cuando el dinero paga la fiesta!
El caso Mariaca también ha abierto interrogantes sobre posibles relaciones entre funcionarios judiciales y otros personajes públicos. Las denuncias de Margarita Arce acerca de presuntas comunicaciones entre Mariaca y Nadia Beller merecen una investigación verificable. Y desde el Tribunal Supremo de Justicia, presidido por Rómer Saucedo, corresponde exigir mecanismos efectivos de control, no solamente declaraciones institucionales.
Porque la independencia judicial no consiste en proteger a los integrantes de una institución frente al escrutinio público. Consiste en que nadie esté por encima de la ley… Ni los fiscales; Ni los jueces; Ni sus amigos; Ni sus familiares, cuando existan indicios concretos que justifiquen investigarlos.
Y aquí aparece otra pregunta que debería incomodarnos: ¿Cuántos ciudadanos fueron investigados por movimientos bancarios insignificantes mientras los mecanismos de control no detectaban fortunas que hoy despiertan sospechas? ¿Cuántos empresarios tuvieron que defender su patrimonio ante acusaciones que después resultaron infundadas? ¿Cuántas denuncias de extorsión quedaron sin respuesta? ¿Cuántos expedientes terminaron archivados sin que nadie explicara suficientemente por qué?
No nos olvidamos de los casos: “La Torre”; Hotel Las Américas; AEROSUR; Banco “FASSIL” y muchos otros casos connotados, que hicieron millonarios a jueces, fiscales, periodistas y testaferros que aparecían a cobrar “la coima protectora”…
No se trata de condenar anticipadamente a los investigados. Se trata de exigir que las autoridades esclarezcan el origen del dinero, las responsabilidades individuales y las posibles conexiones institucionales. Porque la corrupción no necesita que toda una institución participe. Le alcanza con encontrar suficientes puertas abiertas y controles ineficaces.
Aquí viene lo que realmente quisiera discutir. Hemos visto millones de bolivianos y cientos de miles de dólares bajo investigación. ¿Y después qué? ¿Otra interminable historia de custodias judiciales, depósitos, administradores, trámites y expedientes?
Mientras tanto, los hospitales siguen necesitando medicamentos y hay familias haciendo colectas para pagar tratamientos médicos… Propongo que todo dinero recuperado definitivamente de delitos de corrupción, después de respetar las restituciones a las víctimas y las garantías legales, tenga un destino prioritario y transparente: LA SALUD.
Sin padrinos. Sin operadores. Sin intermediarios políticos. Que cada boliviano pueda conocer cuánto se recuperó, dónde se depositó y en qué hospital se utilizó.
¡Imaginen semejante ironía! Que el dinero proveniente de una extorsión comprobada termine pagando una operación. Que una fortuna ilícita se convierta en medicamentos. Que los recursos obtenidos abusando del poder terminen beneficiando a quienes nunca tuvieron influencia para conseguir siquiera una consulta médica. Eso sería transformar un escándalo en una reparación social.
Lo que está ocurriendo debería servir para revisar mucho más que la conducta de unos cuantos fiscales. Debería obligarnos a discutir la cultura de privilegios que toleramos alrededor del poder. Porque no todos los familiares son cómplices, no todos los amigos son operadores y no toda fortuna es ilícita.
Pero tampoco puede considerarse normal que las instituciones pierdan sus controles mientras alrededor de algunos funcionarios aparecen patrimonios que después nadie consigue explicar satisfactoriamente.
La corrupción no siempre comienza con una maleta de dinero. A veces comienza cuando alguien decide que, por amistad, parentesco o conveniencia, es mejor no hacer preguntas. Y quizás ahí esté nuestra mayor responsabilidad como sociedad.
No solamente exigir que investiguen a quienes aparecen en los titulares. También dejar de aplaudir la ostentación sin preguntarnos cómo se financia. Porque si mañana cambia el fiscal, pero permanecen intactos los mecanismos que permitieron los presuntos abusos, habremos cambiado al administrador de una institución sin resolver sus problemas.
¡En Bolivia necesitamos menos amigos del poder y más instituciones capaces de investigarlo!
