Hay palabras que deberían inquietarnos por el solo hecho de pronunciarlas. Excepción es una de ellas.
Un Estado democrático vive de reglas. De instituciones. De límites. De procedimientos que existen precisamente para impedir que el miedo, la urgencia o la fuerza sustituyan al derecho. Por eso, cuando un país declara un estado de excepción, no estamos frente a una decisión administrativa más. Estamos ante una alteración temporal de la normalidad democrática que solo puede justificarse por circunstancias extraordinarias.
Bolivia lleva casi tres meses viviendo bajo esa excepcionalidad.
Y, sin embargo, en San Ignacio de Velasco cuatro personas fueron asesinadas en poco más de 24 horas. Dos de ellas murieron dentro de una vivienda mientras realizaban una transmisión en vivo. La violencia irrumpió en un espacio cotidiano y dejó detrás algo que ninguna estadística consigue describir completamente: miedo.
Miedo a salir.
Miedo a quedarse.
Miedo a que el próximo disparo ocurra demasiado cerca.
Frente a esos hechos, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, utilizó una expresión incómoda. Dijo que el estado de excepción había sido, hasta ahora, un “saludo a la bandera”. Su cuestionamiento fue concreto: si el país se encuentra bajo una medida extraordinaria, ¿cómo se explican los asesinatos, los bloqueos y la inseguridad que continúan ocurriendo?
La frase puede discutirse. La pregunta, no.
Porque quizá el problema más serio no sea determinar si el estado de excepción debe ampliarse otros 90 días. El verdadero problema es preguntarnos qué significa una excepción cuando la excepcionalidad deja de producir resultados excepcionales.
El Gobierno decidió enviar fuerzas especiales y efectivos militares a San Ignacio de Velasco. El ministro de Defensa informó que permanecerán allí el tiempo que sea necesario y señaló la presencia de organizaciones criminales de alcance internacional en la zona. El gobernador, por su parte, había pedido reforzar la presencia policial, la investigación criminal y el control permanente de las fronteras.
Todo eso puede ser necesario. Pero también llega después de los muertos.
Y allí aparece una pregunta mucho más difícil: ¿por qué el Estado suele hacerse visible después de la tragedia?
Después del asesinato llegan los operativos.
Después del bloqueo llegan los policías.
Después de la crisis llegan los decretos.
Después del miedo llegan las promesas de seguridad.
Nos hemos acostumbrado demasiado a un Estado reactivo. Un Estado que aparece cuando la fotografía del desastre ya circuló por las redes sociales, cuando la indignación se instaló en los medios y cuando la población comienza a preguntarse quién controla realmente el territorio. Pero la seguridad no consiste únicamente en desplegar uniformados después de una balacera.
La seguridad también es inteligencia.
Es investigación.
Es control fronterizo.
Es coordinación institucional.
Es prevención.
Y, sobre todo, es presencia permanente del Estado allí donde las organizaciones criminales encuentran espacios para crecer.
San Ignacio de Velasco no debería importarnos solamente porque cuatro asesinatos ocurridos en poco más de un día estremecieron al país. Debería importarnos porque nos obliga a mirar algo que durante demasiado tiempo hemos preferido observar desde lejos: nuestras fronteras no son únicamente líneas dibujadas en un mapa.
Son territorio.
Son comunidades.
Son ciudadanos.
Y allí también debe existir República.
El problema es que las organizaciones criminales comprenden muy bien aquello que los Estados a veces olvidan: el territorio vacío nunca permanece vacío.
Cuando retrocede la institucionalidad, alguien ocupa su lugar.
Cuando desaparece la autoridad legítima, aparecen otras formas de autoridad.
Cuando el Estado no controla, otros controlan.
Y cuando el miedo comienza a organizar la vida cotidiana, la democracia pierde mucho antes de que nos demos cuenta.
Por eso resulta insuficiente discutir la ampliación del estado de excepción únicamente en términos políticos. El gabinete aprobó extenderlo por otros 90 días y corresponde a la Asamblea Legislativa pronunciarse sobre la medida. Pero antes de discutir cuánto tiempo más necesitamos vivir bajo la excepción, sería razonable preguntarnos qué produjo concretamente la primera.
La defensoría del pueblo ha ofrecido un dato que merece atención: durante julio y agosto registró 73 eventos de conflictividad y 11 personas detenidas. Según esa institución, el estado de excepción permitió contener inicialmente los bloqueos de las principales carreteras, pero no eliminó las causas que alimentan la conflictividad.
Ese dato debería obligarnos a pensar. Porque una medida extraordinaria puede contener una emergencia.
Lo que no puede hacer es sustituir indefinidamente a la política.
No puede reemplazar instituciones débiles.
No puede resolver por decreto la inseguridad.
No puede compensar fronteras insuficientemente controladas.
Y tampoco puede convertirse en la respuesta automática frente a cada conflicto que el país sea incapaz de procesar mediante sus mecanismos ordinarios.
La excepción tiene sentido precisamente porque existe una normalidad a la cual regresar. Cuando la excepción comienza a prolongarse, debemos preguntarnos qué está ocurriendo con esa normalidad. Tal vez por eso San Ignacio de Velasco representa hoy algo más grande que San Ignacio. Nos coloca frente a una contradicción difícil de ignorar: podemos tener un país jurídicamente bajo estado de excepción y, al mismo tiempo, ciudadanos que no se sienten excepcionalmente protegidos.
Podemos tener decretos y seguir teniendo miedo.
Podemos desplegar militares y seguir sin controlar plenamente nuestras fronteras.
Podemos anunciar medidas extraordinarias y continuar reaccionando después de cada tragedia.
Entonces el problema deja de ser únicamente de autoridad. Se convierte en un problema de Estado.
Bolivia necesita recuperar la capacidad de proteger sin acostumbrarse a la excepción. Necesita instituciones capaces de anticiparse a la violencia, investigar el crimen, controlar sus fronteras y garantizar que ninguna organización pueda disputar al Estado el dominio de una parte de su territorio.
Eso requiere policías preparados, inteligencia efectiva, fiscales, jueces, cooperación internacional y decisiones que sobrevivan a la coyuntura política. Requiere algo menos espectacular que militarizar una ciudad después de cuatro asesinatos.
Pero mucho más difícil: construir Estado antes de que ocurran.
Quizá dentro de algunos días dejemos de hablar de San Ignacio de Velasco. Otra noticia ocupará los titulares. Otra crisis reclamará nuestra atención. Otra polémica política desplazará estos nombres y estos muertos hacia esa zona silenciosa donde acumulamos las tragedias que dejamos de recordar.
Eso sería lo realmente peligroso.
Porque un país no debería acostumbrarse a contar muertos mientras discute decretos. Ni debería aceptar como normal vivir permanentemente bajo medidas extraordinarias. La excepción puede ser necesaria. Pero nunca debería convertirse en costumbre.
Y mucho menos en la forma que tiene el Estado de reconocer, demasiado tarde, los lugares donde antes estuvo ausente. Porque la fortaleza de un Estado no se demuestra cuando llega armado después de la tragedia. Se demuestra a mí juicio, cuando su presencia consigue evitar que la tragedia ocurra.
