El viceministro Rodrigo Arce ha dicho que el caso de las maderas es un problema con la Fiscalía y la justicia chilenas, no entre los gobiernos ni sus presidentes.
La afirmación crea una excusa peligrosa. Si los órganos internos pudieran transgredir los tratados de su país sin comprometer al Estado, ninguna obligación internacional tendría verdadero valor.
La Fiscalía puede ser independiente del Gobierno para investigar, pero sigue siendo un órgano del Estado chileno. El Derecho Internacional atribuye al Estado la actuación de sus órganos, incluidos los judiciales.
La Convención de Viena establece que un Estado no puede invocar su derecho interno para justificar el incumplimiento de un tratado. Chile puede aplicar su legislación contra el narcotráfico, pero debe respetar sus obligaciones internacionales.
Arce sostuvo también que la Ley 20.000 faculta la destrucción de la madera. La explicación es incompleta. Esa legislación autoriza eliminar drogas y objetos relacionados con el delito, pero exige conservar muestras para nuevos análisis. Se debe establecer si lo destruido estaba identificado y si las muestras permiten una contrapericia.
Chile afirmó que más de 1.000 toneladas de madera boliviana contenían entre un diez y un veinte por ciento de sustancias ilícitas. De allí surgió la impactante versión de más de cien toneladas de droga, equivalentes a más de cien mil kilos. Cuatro meses después, Chile no ha explicado cómo llegó a esa cifra ni ha publicado una cuantificación que la respalde.
Informes posteriores hablaron de trazas y concentraciones muy inferiores. Los expertos de los exportadores cuestionaron los procedimientos, la falta de cuantificación y la posibilidad de impregnar maderas de semejante densidad.
Sin aclarar esas diferencias, comenzó la incineración.
La defensa afirma que toda la madera almacenada en Arica ya fue destruida. Chile debe confirmarlo, precisar qué queda en San Antonio y Valparaíso e informar qué muestras conservó.
El libre tránsito reconocido por el Tratado de 1904 no protege al narcotráfico ni impide controles legítimos. Las retenciones alcanzaron 59 contenedores de 23 empresas bolivianas. Al no individualizar cuál habría intervenido ni qué cantidad correspondía a cada carga, la acusación extendió sobre toda la sospecha de narcotráfico.
Si alguna empresa participó en el delito, sus responsables deben ser sancionados. Pero el Tratado tampoco permite destruir arbitrariamente mercancías bolivianas. Si se actuó sin respaldo científico, garantías de defensa o preservación de la evidencia, el caso podría comprometer una obligación internacional de Chile.
Por eso cuesta comprender que Arce pretenda apartarlo de la relación entre los gobiernos. Su posición contradice la actuación de su propio superior.
El canciller Héctor Huanca planteó el asunto a su homólogo y ambos acordaron convocar al Grupo de Trabajo sobre Libre Tránsito del Tratado de 1904. Después, la Cancillería declaró que la independencia del Ministerio Público chileno no limita la responsabilidad del Estado boliviano de proteger a sus nacionales y sectores productivos.
¿Cuál es, entonces, la posición oficial?
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, anunció que Bolivia exigirá una respuesta clara y contundente cuando concluya la investigación. Pero el proceso no tiene plazo conocido y la evidencia continúa desapareciendo.
¿Esperará el Gobierno mientras todos los cargamentos son quemados? ¿Qué podrá verificarse después si ya no existe la madera sobre la cual debía demostrarse la presencia de CIEN MIL KILOS DE DROGA?
Cualquier decisión llegará tarde si antes desaparece el material necesario para demostrar o refutar la acusación.
Bolivia debe exigir un inventario de lo destruido y de lo que permanece en puertos chilenos. También debe reclamar la preservación de la madera, los informes completos y una verificación científica independiente.
Esto no significa pedirle al presidente José Antonio Kast que ordene a la Fiscalía resolver de determinada manera. Significa exigirle que el Estado chileno respete sus compromisos, garantice el debido proceso y responda por los daños eventualmente causados por sus órganos.
La próxima reunión entre Rodrigo Paz y Kast ofrece la oportunidad de plantearlo al máximo nivel. Ningún acto protocolar ni el afán de exhibir una relación cordial pueden colocarse por encima del interés nacional. La visita sólo tendrá valor si permite afrontar los problemas, no si sirve para esconderlos.
Excluir el asunto sería aceptar que la forma importa más que el fondo. Bolivia no puede sacrificar la defensa de sus exportadores, el prestigio de su producción, la calidad y credibilidad de sus exportaciones ni el respeto a un tratado para asegurar una fotografía entre dos presidentes.
Bolivia debe cooperar si se demuestra que existió narcotráfico y exigir respeto si la acusación no puede ser probada.
La investigación pertenece a la Fiscalía. El cumplimiento de los tratados y la responsabilidad por sus posibles transgresiones corresponden a los Estados.
La Fiscalía podrá ser independiente del Gobierno chileno, pero no es independiente de Chile.
