Una dimensión importante de la crisis y de su profundidad es que no se ven alternativas consistentes y que puedan conseguir el consenso democrático necesarias para ejecutarse. Sobre la crisis múltiple, solo me referiré a la economía, la política y la corrupción. Está en camino la aprobación del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) y con ello se define la línea política del ajuste fiscal. También se aprobó en el Legislativo la extensión del estado de excepción y, en simultáneo, crece el rechazo a la medida por parte de la COB, los cooperativistas mineros, los Comités Cívicos de Santa Cruz y Potosí, etc. Y, finalmente, la corrupción gubernamental, que es lo que permite comprender la profundidad de la crisis.
En materia económica, lo candente e inmediato de la crisis, su suerte es crítica porque afronta la economía en general y el impacto en la población que sufrirá por la inflación y la elevación general de precios. Ante esto, el gobierno acude al apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI), como principal soporte técnico y financiero del ajuste. El FMI —ningún misterio— es un mecanismo financiero internacional, con base en Washington D.C., que ayuda a los estados en crisis económica para asegurar, centralmente, que paguen sus deudas externas y no entren en una cesación de pagos (default). Las condiciones, las de siempre: disminución del déficit fiscal (despedir gente), apertura comercial (desprotección de la industria nacional), flotación del dólar (precio de mercado) y reducción del Estado vía privatización (BOA, YPFB, etc.). Al FMI, como entidad financiera, no le interesa el costo social de las medidas con las que condiciona el crédito y menos la suerte del aparato productivo nacional.
El ajuste largamente anunciado
El presidente Paz, que en campaña dijo que no acudiría al FMI, ahora lo hace de forma obsecuente y por apenas 1.900 millones de dólares estadounidenses, a desembolsarse en los tres años del programa. Se dice que están en estudio planes de mitigación social del impacto que tendrá el levantamiento de la subvención a los combustibles, cuando lo evidente es que el impacto —inflación y elevación de precios— será primero y los paliativos limitados y llegarán tarde. Hay un déficit inocultable y creciente en el abastecimiento de combustible y que lo arrastramos más de década y media (2010), cuando se quiso eliminar la subvención al combustible y una enorme movilización social en las capitales hizo retroceder al gobierno.
Con el crédito del FMI queda claro que la línea del gobierno es que el ajuste recaiga sobre la población en general y así evitar alternativas menos gravosas como imponer un impuesto a las exportaciones del oro (alrededor de 6 mil millones de dólares, este año), por ejemplo. En la Argentina de Milei, y desde mucho antes, hay un impuesto a las exportaciones de grano (soya) de hasta el 25 %. Para algunos especialistas, un impuesto a las exportaciones bolivianas del 10 % sería más que suficiente para aliviar nuestra situación y reordenar nuestra economía, prescindiendo, incluso, del FMI. ¿Se ha considerado esta opción? Seguro que no. De hecho, si hubiera un plan económico habría un análisis de alternativas, pero no lo hay, por eso tampoco hay horizonte ni rumbo en el ajuste. El plan económico es el sometimiento al FMI, y eso es una convocatoria al enfrentamiento social, regional y productivo y, consecuentemente, a la profundización de la crisis.
Extensión del estado de excepción
Planteada así la situación económica y el plan gubernamental del ajuste, queda clara la renuncia del gobierno a la política, y por ello la extensión legislativa del estado de excepción. No hubo reparos en incumplir la Constitución y la propia Ley 1740, aprobada ex profeso para tomar esta medida. La condición esencial exigida por la Constitución y la referida ley —entre cuatro aplicables— para un estado de excepción es que haya una situación de conmoción interna, tal como pudo entenderse cuando el bloqueo de caminos de los 53 días. ¿Es esta la situación hoy? Evidentemente no. Es más, el propio gobierno se ufana de la tranquilidad alcanzada con el estado de excepción que culmina. El argumento para la ampliación es que hay amenazas de movilizaciones y protestas sociales. No corresponde: el estado de excepción, como su mismo nombre indica, es una medida excepcional y correctiva ante una situación de crisis dada, no ante supuestos.
¿Cómo se explican estas incoherencias políticas? Estamos con un gobierno débil e improvisado que prefiere atrincherarse en la fuerza pública antes que en la gestión democrática de los conflictos. En cuanto al Legislativo, es inocultable su falta de autoridad y capacidad política. Lo primero que les tocaba era debatir el informe de los ministros respecto a los 90 días de estado de excepción. ¿Fueron útiles? ¿Cuáles fueron sus resultados? Y luego, recién, debatir la justificación de una ampliación. No se hizo ni lo uno ni lo otro. Había la consigna de aprobar y ponerse a buen recaudo, porque si de algo tienen consciencia los legisladores es de su irrepresentatividad; están lejos de ser interlocutores de la sociedad.
El gobierno en la coyuntura
Desde un principio quedaron en claro las enormes limitaciones políticas y técnicas del gobierno. El gobierno no pudo alcanzar un solo acuerdo político con fuerza política alguna, y el bloqueo de los 53 días lo dejó en pie por la derrota de los bloqueadores, no por su gestión política de la crisis. Todos los amagos de diálogo y encuentros promovidos por el gobierno fueron un fracaso rotundo. Lo que sí funcionó, y ahora conocemos a detalle —los entretelones del affaire Cerimedo/Beller—, es que la gestión gubernamental del bloqueo estuvo concentrada en la corrupción de dirigentes sociales como los de ADEPCOCA. Esta fue la estrategia: aguantar el desgaste natural del bloqueo y el maximalismo de la movilización y financiar la defección por debajo de la mesa.
Es muy difícil, si no imposible, pensar que un gobierno de estas características pueda gestionar la crisis múltiple que vive el país y más todavía el ajuste económico. Todo ello permite entender mejor que la corrupción política al más alto nivel hubiera sido la apuesta política desde un principio. Un caso ejemplar es el del recién destituido presidente de la Aduana Nacional, que se posesionó el pasado 20 de noviembre y al día siguiente entraron las famosas e inencontrables maletas. Por la misma Aduana pasaron las narcomaderas y, de casualidad, no salieron los cientos de kilos de oro por el mismo aeropuerto. Es más, la persona que, aparentemente, contrató a los sicarios que atentaron contra la vida de Nadia Beller era una mujer nombrada, fallidamente, responsable de la Aduana en Viru Viru. Demasiadas coincidencias para pensar que acá no hay un esquema de corrupción política al más alto nivel y que Cerimedo, más que asesor «principal», era el jefe mafioso operativo y corredor financiero de una trama delictiva que empezaba en la Aduana, la gasolina y parece que hasta el narcotráfico.
Un país sin salidas
En fin, acá estamos, ante una crisis compleja y profunda, sin actores —ni de un lado ni del otro— con capacidad de plantear alternativas serias, soberanas e inteligentes para enfrentar una crisis que amenaza tragarse a la democracia. El presidente, perdido en su «platita, platita» y ofendiendo a Martin Heidegger, uno de los grandes filósofos del siglo XX. El presidente de Diputados, recuperando la tradición de «amarrahuatos», y una zaga legislativa, ministerial y política claramente incapaz de asumir la crisis y menos de hacerlo en términos de consistencia política y ética. Y, en el bloque de oposición social, solo hay un no rotundo, sobre todo al FMI, aunque sin saber o poder plantear lo contrario.
Esto es la peor dimensión de la crisis: no tenemos actores con alternativas.
