El miércoles próximo, el presidente Rodrigo Paz convocará a los nueve gobernadores del país para tratar, por primera vez con todos reunidos en una misma mesa, la fórmula que definió su campaña electoral: el 50-50. Nueve meses después de asumir, sin embargo, la cita llega sin acuerdos previos sobre qué significa exactamente la promesa. No hay definiciones sobre quién va a pagar qué y con qué reglas. La consigna que en 2025 sonaba a fortalecimiento de las autonomías hoy se topa con una Constitución que no se toca fácil. Además, el Tesoro general del Estado tiene poco margen recursos. Los gobernadores, tras ganar las elecciones subnacionales de marzo, llegan a la cita con su propia exigencia electoral que cumplir.
Para entender qué hay detrás de la fórmula y qué puede esperarse de la reunión, Animal Político, de La Razón, conversó dos analistas conocedores de la cuestión. Ambos llevan años observando la relación entre el poder central y las regiones bolivianas desde ángulos distintos. Nos acompañan la politóloga Ana Lucía Velasco, y el abogado Gustavo Pedraza, exministro y excandidato a la vicepresidencia. Los dos profesionales son estudiosos atentos del devenir de la institucionalidad y la política boliviana y llegan a advertencias notablemente parecidas.
El 50-50, modelo por construir
El 50-50 nació como un eslogan de campaña, particularmente potente en el oriente del país, y cada quien lo llenó con lo que necesitaba escuchar. Unos vieron ahí una promesa de mayores recursos, otros la puerta a una descentralización real. En ningún momento, sin embargo, se aterrizó qué significaba exactamente. Velasco lo resume sin rodeos. «No solo el 50-50, sino la gran mayoría de las propuestas electorales de Rodrigo Paz eran realmente eslóganes y consignas».
No es, recuerda, la primera vez que el oficialismo tropieza con esa lógica: algo parecido pasó con «capitalismo para todos». Fue otro eslogan de campaña «que gustaba a izquierdas y derechas» pero que, en lo concreto, nunca llegó a significar nada. Pedraza coincide desde otro ángulo: la promesa fue tomada en serio por los actores regionales, que la asumieron «como una propuesta técnica, al menos desde quienes la recibieron». Pero luego de las elecciones nacionales vinieron las subnacionales. Las gobernaciones y alcaldías cambiaron de mano en marzo, y la consigna de campaña se convirtió en una exigencia formal. Una que el propio Ejecutivo tiene ahora que empezar a cumplir.
El momento de la realidad
Ninguno de los dos espera que el Gobierno llegue a la reunión del miércoles con una propuesta cerrada. Pedraza es categórico sobre el tamaño real de lo que hay para repartir: «no hay cien para poder concretarlo, hay bastante menos. Pero creo que los actores regionales, particularmente los gobernadores, no van a dejar que esto se diluya». Velasco cierra la idea con una lectura más política que técnica. Han vendido cara la propuesta, sostiene, y «cuando haya que ponerle papel y lápiz no va a cumplir con las expectativas que ha generado en el momento electoral y postelectoral».
El caso de Andrea Barrientos es el ejemplo más claro de esa distancia entre expectativa y plazo real. La entonces viceministra de Autonomías fue la primera en poner el tema del 50-50 en términos de tiempo, no solo de dinero. Velasco recuerda el episodio. «Dijo algo que era, de hecho, bastante de sentido común: que no era una cosa que se iba a dar de la noche a la mañana, que iba a tomar tiempo. La crucificaron por decirlo». La factura fue literal: la controversia que generó esa franqueza terminó costándole el cargo.
Qué se puede repartir
Antes de discutir cuánto repartir, ambos coinciden en algo que rara vez entra al debate público: el actual reparto de recursos entre el nivel central, las gobernaciones, las alcaldías, las universidades, el Ejército y la Policía no salió de la nada, sino de una larga acumulación de luchas históricas. Ahí caben las regalías petroleras, la autonomía universitaria, la Ley de Participación Popular y varias otras viejas querellas institucionales. Reordenar eso, coinciden, no es solo un ejercicio contable.
Para Velasco, el resultado de esa acumulación desordenada es, literalmente, un monstruo administrativo. «Tenemos un poco un Frankenstein: la estructura autonómica en Santa Cruz es bien distinta a la orureña o a la potosina. Hay vicegobernador en Santa Cruz, pero no en La Paz», ejemplifica. Y cita un dato que rara vez entra a la discusión del 50-50: según un estudio de la Fundación Milenio, de 300 municipios del país apenas 20 serían económicamente viables por sí solos. Esto significa que repartir recursos en modo automático, sin revisar antes esa estructura, puede terminar financiando municipios que no tienen la población suficiente para justificar lo erogado.
Pedraza llega a una conclusión parecida desde el derecho constitucional. «Los estatutos autonómicos están hechos a la medida de la correlación de fuerzas que los aprobó. Estamos hablando de una mayoría absoluta del Movimiento al Socialismo, que controlaba el Tribunal Constitucional, que controlaba el Congreso, que controlaba todo». Esos estatutos, sostiene, tendrán que reformarse si se quiere que la autonomía departamental sea real y no solo nominal.
Límites constitucionales para una redistribución radical
La competencia sobre qué recursos y qué responsabilidades le tocan a cada nivel del Estado no está en una ley ordinaria: está en la Constitución. Y eso convierte al 50-50, quieran o no el Gobierno y sus contrapartes, en un debate constitucional. Velasco lo describe con una imagen que vale la pena tomar muy en cuenta. «Ahí se abre otra caja de Pandora: si con la excusa de reformar la Constitución para avanzar en el 50-50, van a empezar a saltar un montón de otros temas». La reelección presidencial, disputas territoriales, definiciones sobre la nación y varios otros tópicos asoman que no podrán ser acallados.
Pedraza coincide en el diagnóstico, aunque lo formula como una cuestión de poder antes que de técnica jurídica. «La desconcentración financiera equivale a la desconcentración de poder, y la historia de nuestro país es centralizante. No hay gobierno que no tenga la tentación de concentrar y centralizar más los recursos». Es, dice, un campo de lucha que recién empieza.
Y ambos coinciden en que el Gobierno actual no tiene el respaldo político para abrir ese frente. Tras la ruptura con Samuel Doria Medina, su aliado más fuerte en la Asamblea Legislativa Plurinacional, Velasco describe una coalición sin piso. «El Gobierno ha perdido mucho capital social con la gente y (políticamente) con su propia bancada. Es un gobierno sin bancada, sin estructura partidaria». Reformar la Constitución, en ese escenario, exige una fortaleza política que hoy nadie tiene.
Crisis y límites económicos
Además del candado constitucional, hay uno más simple y más difícil de resolver: no hay plata. A la pregunta de si el Tesoro puede sostener una redistribución de este tamaño, Velasco responde con una imagen casi palpable. «El Estado no es una caja mágica de la que sale cada vez más dinero». Como ejemplo de lo ajustado que está el margen, cita a Ana Lucía Reis, alcaldesa de Cobija. Cuenta que ella le confesó en una conversación previa que «la plata que nos mandan solamente alcanza para pagar sueldos. No puedo hacer más».
Pedraza, sin embargo, introduce el matiz que distingue su lectura de la de Velasco. Para él, el error de origen del debate es discutir cómo repartir lo poco que hay, en lugar de discutir cómo hacer que haya más. «El primer paso es hacer crecer la economía, porque empezar por querer distribuirse las miserias no va a cambiar la situación del país ni la del departamento», sostiene. La legitimidad de la demanda regional, aclara, no está en discusión. Pero sin crecimiento económico, cualquier fórmula de reparto, sea 50-50 o cualquier otra, seguirá siendo una pelea por una torta que no alcanza.
Calidad de la gestión
Detrás de la discusión sobre cuánta plata debería ir a las regiones hay una pregunta que Bolivia rara vez se hace: si esos recursos llegaran, ¿la gestión mejoraría? Ni Velasco ni Pedraza dan eso por sentado. Para Velasco, el problema es cultural antes que institucional. «En nuestra cultura política todavía no diferenciamos al burócrata del político», señala. Los cargos públicos funcionan como moneda de cambio partidaria, y cada recambio de gobierno se lleva puesta la poca experiencia técnica acumulada. La consecuencia, advierte, es que, aunque alguien lleve años en un cargo, «si estaba del lado equivocado de la rueda política en ese momento, esa experiencia no le va a servir de nada».
Cada cambio de gestión, dice, produce una suerte de purga interna que Velasco critica. La llama, directamente, «una especie de masacre blanca» que expulsa a cualquiera que haya sido leal a otro jefe, sin importar cuánta experiencia haya acumulado.
Pedraza llega a un lugar parecido por otro camino, más pragmático. «No hay que confundir las cosas ni pensar que el 50-50 nos va a sacar de la pobreza. Es una necesidad, es una demanda legítima, pero hay tareas considerablemente importantes y complejas» que exceden por completo la fórmula de reparto. Cita la lucha contra la corrupción, la reconstrucción institucional, la coordinación entre niveles de gobiernos, que hoy no existe.
La cuestión estatal en Bolivia
Si algo queda claro después de conversar con ambos, es que el 50-50 funciona menos como una política pública que como un síntoma. Lo que pone en evidencia, coinciden, es un problema mucho más profundo que el reparto de un presupuesto. Para Velasco, se trata directamente del corazón del problema boliviano. «La crisis más fuerte de Bolivia es, tal vez, la falta de institucionalidad: las instituciones están totalmente rotas, dependen del arbitrio de quien las esté dirigiendo». Cualquier reforma, agrega, corre el riesgo de ser cosmética si no ataca esa raíz. «Es como pintar una pared que está a punto de derrumbarse: se va a ver bonita cinco minutos, pero si alguien se apoya, se va a caer».
Pedraza no es menos duro en el diagnóstico, aunque lo dirige hacia el aparato estatal en su conjunto. «Esto tiene que cambiar, es un Estado muy lento, corrupto, obsoleto. Hay que modernizarlo sin más demora». Y advierte que, en la coyuntura actual, ni el Gobierno ni la oposición parecen tener margen para encarar ese cambio. «No percibo en esta coyuntura voluntad ni capacidad de hacer cambios estructurales» asevera.
Sin espacio para triunfalismos
El miércoles, los nueve gobernadores se sentarán con el presidente a discutir una fórmula que nació como consigna y que, nueve meses después, sigue sin ingeniería fiscal, sin consenso constitucional y sin margen económico. Ninguno de los dos analistas espera que de esa reunión salga un acuerdo cerrado, y ninguno cree tampoco que debiera salir uno improvisado. Lo que ambos piden, cada uno a su manera, es que el debate deje de tratar al 50-50 como un fin en sí mismo y empiece a tratarlo como lo que es: apenas la primera pieza de una discusión mucho más larga sobre qué Estado quiere, puede y debe construir Bolivia.
Como resume Velasco, la tentación de resolverlo todo de golpe, sin construir antes la capacidad institucional para sostenerlo, tiene una explicación de fondo. «Somos tan inmediatistas que no construimos instituciones». La responsabilidad, en todo caso, no es solo del Gobierno de turno. Como cierra Pedraza, «es fácil echarle la culpa al MAS, es fácil echarle la culpa a otros, pero la verdad es que esto se viene dando desde hace ya dos o tres décadas».
