A diez meses de la posesión de Rodrigo Paz, el balance que hace Gustavo Pedraza es duro: un gobierno que llegó con el mandato de ordenar la economía y reconstruir la institucionalidad, pero que perdió rápidamente el capital político con el que arrancó. Su aprobación cae consistentemente en diversas encuestas, el caso del asesor argentino Fernando Cerimedo abrió una crisis de legitimidad que todavía no cierra, y las promesas legislativas —la reforma constitucional, las leyes estructurales— siguen sin materializarse. Para Pedraza, el diagnóstico no admite atenuantes. «Estamos ante un gobierno debilitado, sin un rumbo claro y con grandes dificultades para salir de esta coyuntura».
Abogado formado en administración pública en Harvard, Gustavo Pedraza fue ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación durante el gobierno de Carlos Mesa y candidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadana en las elecciones de 2019 y 2020. Desde entonces se ha consolidado como una de las voces más respetadas del análisis político boliviano. Con esa trayectoria como aval, conversó en exclusiva con Animal Político, de La Razón, sobre el estado real de la coyuntura. Qué tan viable es la reforma a la Constitución, por qué las leyes estructurales no avanzan, cómo se ha ido resquebrajando la correlación de fuerzas en torno al gobierno y, sobre todo, cómo Bolivia llegó a este punto después de veinte años de oposición al MAS sin un horizonte compartido.
Una urgencia sin acuerdo
Ningún sector serio argumenta ya contra la necesidad de reformar la Constitución Política del Estado (CPE) en Bolivia. Pedraza lo afirma sin rodeos. «Es necesaria, porque hay candados en la Constitución actual». El más citado es el que impide el arbitraje internacional para resolver controversias con inversionistas extranjeros. Una traba que, según analistas y empresarios consultados por este medio, pesa tanto o más que la memoria de la nacionalización de los hidrocarburos a la hora de espantar capital. «Ningún inversionista extranjero serio, con capacidad económica, va a invertir en este país mientras no se reponga el arbitraje, mientras no se reconozca el arbitraje como mecanismo de resolución de controversias», sostiene Pedraza. «Eso no existe en el andamiaje jurídico. Por lo tanto, si está prohibido por la Constitución, eso tiene que resolverse con la reforma».
El problema, sin embargo, no es solo jurídico. Es político. Mientras esa cláusula y otras similares sigan intactas, advierte Pedraza, el país seguirá administrando la escasez en lugar de resolverla de fondo. Los créditos que lleguen se irán en sobrevivir el día a día, sin atraer la inversión que permitiría un cambio estructural. Y ahí aparece la cuestión que atraviesa toda la conversación: si hay consenso sobre el diagnóstico, ¿por qué no hay acuerdo sobre la solución? Para Pedraza, la respuesta está en la ausencia de un pacto nacional que el propio Rodrigo Paz nunca terminó de construir, un punto sobre el que vuelve a lo largo de la entrevista.
Todo o casi nada
Sobre la mesa hay al menos dos caminos. Uno es el del expresidente Jorge «Tuto» Quiroga, que propone una reforma amplia, de 111 artículos. El otro, más cauto, plantea limitarse a los cambios económicamente imprescindibles. Tres o cuatro artículos, en la formulación más minimalista, para evitar que el proceso se politice. Pedraza manifiesta su preferencia por la segunda vía, pero advierte que incluso una reforma acotada enfrenta un riesgo real. «Esta reforma tiene que ser quirúrgica, que evite el riesgo de polarización, porque en el momento en que estas reformas constitucionales se constituyen en elementos de polarización, corren el riesgo de no ser aprobadas», asevera.
El riesgo no es menor porque, sea cual sea el camino elegido, el desenlace pasa obligatoriamente por un referéndum. «Sea por Asamblea Constituyente o mediante dos tercios de la Asamblea Legislativa, pero con referéndum sí o sí; ese es el procedimiento», explica. Y en un escenario de correlación de fuerzas tan volátil como el actual, cualquier bloque que se sienta perjudicado por el contenido de la reforma puede convertir la consulta en una nueva trinchera. Empezando por el bloque social vinculado al MAS, en pleno proceso de recomposición, hace notar Pedraza. Aun así, cree que no hacer nada es la peor opción. «Vale la pena correr el riesgo, porque, ante una mayor posibilidad de beneficio, hay que correrlo». La imagen que usa para describir la alternativa es elocuente. «Si no, no vamos a salir; nos vamos a ahogar, no vamos a tener oxígeno. No va a haber un cambio estructural, la economía no va a cambiar estructuralmente».
Las leyes que no llegan
Antes que la Constitución, sin embargo, está el paquete de leyes ordinarias que el propio gobierno prometió y que ha ido postergando. La ley de inversiones recién se envió al Legislativo hace poco más de un mes; la de minería y otras normas estructurales todavía no tienen fecha, y de la ley de Hidrocarburos tampoco se conoce ni el borrador. Pedraza coincide en que hacen falta «cambios estructurales en el marco jurídico y constitucional», pero insiste en que legislar es apenas la mitad del problema. «El solo hecho de aprobar una ley no va a resolver los problemas: está la otra parte, que es la capacidad de implementarla». Y en ese terreno, dice, el gobierno arrastra una carencia que no es menor. «Tiene que haber, desde mi percepción, un equipo con la idoneidad para hacerlo, que hasta ahora yo no he visto».
Legislar rápido, sostiene, exige en paralelo una redefinición política que le dé al Ejecutivo la capacidad de gestión que hoy no tiene.
La soledad gubernamental
Si hay un hilo conductor en el diagnóstico de Pedraza, es la fragmentación. El gobierno de Rodrigo Paz llegó al poder con tres activos: base social, estructura política y un equipo de gestión capaz. Según su lectura, «prácticamente ninguno está en regla» a estas alturas. La base social «se ha perdido rápidamente». La estructura política, que ya era frágil desde la campaña, se ha ido desgranando en el ejercicio del gobierno. El equipo de gestión mostró límites desde las primeras semanas.
Puertas adentro del Ejecutivo, los cambios de gabinete —al menos nueve ministros salientes en menos de un año— no han traído savia nueva. Lo que hubo fue, sobre todo, un reacomodo interno, como se evidenció luego de la salida de José Luis Lupo del ministerio de la Presidencia. Quedó así un gabinete que no incorpora nuevas visiones ni nuevos actores. A eso se suma la ruptura con el vicepresidente Edmand Lara, las tensiones dentro del propio PDC y, sobre todo, el quiebre con Samuel Doria Medina y Unidad Nacional, el socio que había acompañado a Paz en la segunda vuelta. El caso del asesor Fernando Cerimedo —detenido en agosto e investigado por varios delitos— corona ese deterioro. «Ha sido, podríamos decir, el factor que definitivamente ha dañado de manera considerable su legitimidad», dice Pedraza.
Correlaciones dinámicas
En la Asamblea Legislativa Plurinacional, el panorama no es más alentador. El oficialismo conserva una ventaja numérica —más de dos tercios—, pero Pedraza duda de que esa mayoría aritmética refleje ya la correlación de fuerzas real. «Hay un quiebre en la estructura de los partidos y de las alianzas con representación parlamentaria. Ya no es la Asamblea Legislativa que salió de las elecciones de agosto de 2025». El propio vicepresidente, que ejerce como presidente nato de la Asamblea, no ha ejercido ese liderazgo, según su lectura. Y sin ese protagonismo, ni la mayoría legislativa ni las leyes pendientes tienen quién las empuje con eficacia.
El tercer frente es la calle y ahí Pedraza recurre a un antecedente que conoce bien la memoria política boliviana. «Sánchez de Lozada se cayó teniendo dos tercios en el Congreso; no nos olvidemos de eso. Tener mayoría o dos tercios en el Congreso no te garantiza permanencia en el poder». Lo que sí la garantiza, sostiene, es la gobernabilidad social: el vínculo de legitimidad, confianza y credibilidad entre gobernante y gobernado. Esta, en diez meses, «ha disminuido considerablemente». El resultado es un gobierno con «un margen muy estrecho para moverse en el campo de la gobernabilidad social», atrapado entre un Legislativo atomizado y una calle que duda de su autoridad moral.
Veinte años sin proyecto
Pedraza insiste en que este deterioro acelerado no debe leerse solo como el resultado de errores de gestión reciente. Hay una causa más profunda, que prefiere situar en el terreno estructural antes que en la coyuntura. Apunta a que la oposición boliviana nunca construyó, en veinte años de gobiernos del MAS, un proyecto de Estado alternativo. «La oposición, que tenía el desafío de construir una alternativa sólida y unitaria, fue demasiado egoísta. Los liderazgos fueron demasiado egoístas y por eso la oposición se quedó dividida», sostiene. «Eso muestra cuán débil es el sistema de partidos».
Esa fragilidad no es nueva. En cada elección, dice Pedraza, la oposición se limitó a armar alianzas frágiles, con la excepción parcial de 2019, que logró un efecto político real. Esto le dio un viraje al proceso, pero que se revirtió en 2020 con el retorno del MAS al gobierno. Esa misma debilidad e improvisación frente a la agenda del Estado, sostiene, terminó siendo también uno de los factores detrás de «la muerte lenta del proyecto del masismo». Un partido que llegó a gobernar veinte años sin que ninguno de sus rivales lograra ofrecer algo distinto y que terminó por implosionar desde adentro. El resultado, dice, es una matriz que explica tanto el pasado como el presente. «El proyecto de Estado alternativo no ha existido, y por lo tanto eso nos ha traído hasta acá». No se trata, subraya, de una lectura casuística centrada en la corrupción de tal o cual gestión, sino de algo más de fondo: nunca hubo un proyecto.
La lección peruana
El exministro de Producción del Perú, Piero Ghezzi, explicó que el crecimiento económico del país vecino se origina en acuerdos políticos que lograron sostenerse en el tiempo. En una entrevista reciente con La Razón, dijo que la experiencia se remonta a la crisis hiperinflacionaria de fines de los años ochenta. Tras la llegada de Alberto Fujimori al gobierno y las medidas de ajuste que se tomaron, el trauma social fue tan profundo que se construyó un consenso nacional sobre estabilidad macroeconómica que sobrevivió a todos los gobiernos posteriores. Sean estos de derecha o de izquierda. El símbolo de ese pacto es el Banco Central de Reserva del Perú, dirigido durante más de dos décadas por Julio Velarde, a través de gobiernos de signos opuestos.
Consultado al respecto, para Pedraza la clave está en la autonomía institucional. «El Banco Central peruano no es el cajero del Ejecutivo. No es el cajero, como es aquí». La diferencia con Bolivia no podría ser más nítida. «En Bolivia tenemos un Banco Central manejado al antojo del Poder Ejecutivo del partido de turno. En Perú existe un Banco Central que es una institución autónoma, absolutamente independiente de quien esté gobernando». Esa autonomía, agrega, es lo que ha protegido la estabilidad económica peruana. Incluso en medio de una inestabilidad política mucho más severa que la boliviana, con presidentes que en algunos cambiaron dos y hasta tres veces en un mismo año.
La tragedia institucional
De ahí extrae Pedraza el diagnóstico que, dice, resume la diferencia entre los dos países. «Nuestra tragedia como país es la debilidad institucional. Es la cooptación que hacen el partido o los partidos del Estado, que gobiernan para sí y no fortalecen las instituciones, las destruyen». Las instituciones, recuerda, existen precisamente para limitar el poder y evitar que alguien se lo apropie. Cuando los partidos las perciben como un obstáculo, en lugar de respetarlas las manipulan, abriendo espacio a la corrupción como forma de reproducir poder.
La lección peruana, insiste, no es una curiosidad comparada: es la prueba de que la ruta contraria —reconstruir instituciones antes de tomar medidas económicas drásticas— sí es posible. Bolivia todavía puede recorrerla. «La historia hubiera sido distinta si este gobierno hubiera empezado primero por reconstruir las instituciones y hubiera dado medidas económicas que se hubiesen mantenido hasta ahora y no hubiesen sido revertidas». Medidas que, recuerda, terminaron cediendo ante la presión de la calle.
Una crisis que no espera
El repaso de Pedraza no deja mucho margen para el optimismo de corto plazo, pero tampoco cae en el fatalismo. La reforma constitucional es necesaria y postergarla tiene un costo. Las leyes estructurales requieren tanto voluntad legislativa como capacidad de implementación, dos cosas que hoy escasean por igual. Además, la correlación de fuerzas —la cohesión dentro del Ejecutivo, en la Asamblea y en la calle— se ha vuelto tan inestable que ni la mayoría parlamentaria ni el paso del tiempo garantizan nada. Lo único que Pedraza da por seguro es que la inacción tiene un precio. Ese precio sube cada mes que pasa sin que el gobierno «se redefina en línea, en visión y en composición de equipo».
La comparación peruana funciona, en ese sentido, como advertencia y como hoja de ruta al mismo tiempo. La estabilidad no se decreta, se construye con instituciones que sobrevivan a quien esté en el poder. Bolivia, según Pedraza, tiene todavía la posibilidad de optar por esa ruta, pero esa ventana se puede ir cerrando. «Si no hay una decisión de los actores políticos con presencia en la Asamblea Legislativa, y también del gobierno, el otro escenario probable será definido por la fuerza de la calle y las consecuencias serán imprevisibles», concluye.
