Nadie planta un cultivo de ciclo largo, como los cítricos o la macadamia, pensando en la primera cosecha, sino en las dos o tres décadas durante las cuales ese cultivo seguirá dando fruto, mucho después de que cambien los precios, los ministros y hasta los gobiernos que aprobaron las normas bajo las cuales se sembró. Esa es la naturaleza silenciosa de toda inversión seria: se construye hoy, pensando a largo plazo. El capital que de verdad transforma una economía no le teme tanto al riesgo del negocio en sí mismo como a la posibilidad de que las reglas cambien a mitad de camino.
Ese temor tiene un correlato exacto en los números. De cada cien dólares que llegaron el año pasado en inversión extranjera directa a América Latina y el Caribe, Bolivia captó apenas treinta centavos, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La cifra viene creciendo, pero lastimosamente nuestro país sigue registrando la más baja de toda Sudamérica, por debajo incluso de economías más pequeñas como Paraguay o Uruguay, que atrajeron casi el doble de capital que nuestro país.
La explicación no está solamente en la macroeconomía. El Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, que mide 143 países a partir de encuestas a empresas, hogares y expertos legales, ubica a Bolivia en el puesto 131 a nivel global y en el puesto 29 entre los 32 países de América Latina y el Caribe. Los tres países mejor posicionados de la región; Uruguay, Costa Rica y Chile, comparten algo que no depende del tamaño de su economía: instituciones capaces de sostener sus reglas más allá de quién gobierne en un momento dado.
Bolivia tiene en la actualidad dos piezas regulatorias avanzando en paralelo, que hablan exactamente de esto. La Ley de Inversiones ya está en la Asamblea Legislativa, sobre la cual vemos oportunidades de mejora que deberán ser analizadas y debatidas con los gremios empresariales para ser realmente una norma que atraiga al capital. Al mismo tiempo, el acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional, ya aprobado por la gerencia del organismo, sigue a la espera de dos aprobaciones adicionales para convertirse en un programa con recursos disponibles: la del Directorio Ejecutivo del FMI y la de nuestro Órgano Legislativo. Cada pieza es necesaria, pero ninguna alcanza por sí sola para cerrar el círculo completo.
Ahí aparece la lección más difícil de aceptar para cualquier país que necesita resultados rápidos. Una reforma que avanza a medias termina costando casi lo mismo que una reforma completa, en desgaste político y en tiempo perdido, pero produce apenas una fracción de sus beneficios. La seguridad jurídica, entendida así, deja de ser un artículo de ley que se aprueba una sola vez y se convierte en una arquitectura que hay que sostener decisión tras decisión, gobierno tras gobierno, hasta que dejar de cumplir una regla resulte más costoso políticamente que cumplirla.
Ese fue, en el fondo, el llamado con el que el presidente de CAINCO cerró el Foro Económico de este año: ya es hora de que esa convicción se convierta en acción. Bolivia ya tiene ese diagnóstico desde hace años, lo que le falta son instituciones capaces de sostener una decisión más allá de quien la firmó. Ese es también el argumento central del Libro Blanco para la Recuperación Económica de Bolivia, que CAINCO pone a disposición de quienes quieran entender el método completo detrás de estas reformas; para que, esta vez, las reglas sobrevivan al mandato de quien las firmó.
